Gobernadores: poder indomable

AutorMartha Martínez

El 29 de octubre pasado, un día después de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se pronunció en contra de la desaparición de las autoridades electorales locales, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunieron con los presidentes de 14 institutos estatales.

Durante la reunión, que se llevó a cabo a solicitud de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, Diana Talavera, los funcionarios negaron que los institutos tengan vínculos con los gobernadores, y argumentaron que desaparecerlos no haría más baratos los comicios, además de que sería un golpe al federalismo.

Ricardo Mejía, diputado de Movimiento Ciudadano y quien participó en el encuentro, detalla que durante éste los funcionarios locales estuvieron arropados por los legisladores priistas. "Defendían los mismos argumentos que los presidentes de los institutos electorales; ahí nos quedó claro que el apoyo viene de los gobernadores", precisa.

Horas más tarde, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se pronunció en contra de la creación de una autoridad electoral nacional. Sus argumentos fueron los mismos que los de los presidentes de los institutos.

El gobernador mexiquense indicó que la iniciativa es contraria al artículo 40 constitucional, que reconoce la soberanía de las entidades federativas,

apeló a la "mayoría de edad" de los estados y negó que con la desaparición de los organismos electorales se generen ahorros en esa materia. Además, advirtió que los gobernadores buscarían que la propuesta no prosperara en San Lázaro.

Las presiones surtieron efecto. El 4 de noviembre pasado, senadores del PAN y del PRD aceptaron discutir una nueva propuesta del Ejecutivo federal para crear un INE desinflado.

El nuevo modelo no contempla la desaparición de los institutos, por lo que el INE fungiría como una autoridad federal con facultades para nombrar a las autoridades locales a fin de evitar la intromisión de los gobiernos estatales.

Gobernadores en resistencia

Las presiones de los gobernadores son la respuesta a una agenda impulsada desde el gobierno federal y los partidos para acotar su poder económico y político.

En el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre del año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, se incluyen 14 reformas legales y constitucionales que limitan el margen de acción de los gobiernos estatales por tres vías: la económica, la electoral y la de seguridad.

Para el coordinador de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana, César Velázquez, la oposición a la creación de una autoridad electoral nacional es la segunda respuesta negativa de los ejecutivos locales a la agenda del Pacto.

La primera, recuerda, fue la oposición a que el Congreso aprobara la ley que regula la contratación de deuda por parte de estados y municipios.

Ambos casos, señala el académico, son una muestra de que los gobernadores se están oponiendo únicamente a aquellas iniciativas que implican un acotamiento al poder que ejercen de manera directa.

Velázquez recuerda que las únicas reformas con enfoque "centralista" que han pasado son las relacionadas con el sector educativo. Esto se debe, agrega, a que en la práctica este rubro no era responsabilidad directa de los ejecutivos estatales.

"¿Por qué hasta antes del tema de la deuda y el electoral los gobernadores no se habían opuesto al Pacto? Porque en realidad no eran responsables del tema educativo, para todo tenían que pedir permiso: para abrir una escuela, para abrir una plaza. Ahora sí están protestando porque les están afectando aspectos que tienen que ver con el poder que...

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