Una grave encrucijada

El periodismo en México se encuentra hoy frente a una grave encrucijada.

En un caso para la historia, autoridades locales del Distrito Federal han citado a declarar a un conocido periodista, entrevistador televisivo y articulista del Grupo Reforma, para que responda -como si fuera delito- sobre la acción más simple e inherente a su profesión: conseguir una entrevista.

Este hecho rebasa los límites del asunto presuntamente penal que se investiga e invade la esfera de la libertad de expresión.

¿Debe un periodista mexicano responder ante la autoridad por el solo hecho de haber conseguido una entrevista?

El Grupo Reforma piensa que no.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que también forma parte de nuestro marco legal, establece el derecho de "investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Pero más que un tema de leyes, estamos ante un asunto de principios.

Exigirle a un profesional de la información a través de comparecencias judiciales que justifique las razones para su trabajo -el cómo obtuvo una entrevista- implica una censura peligrosa para la sociedad y una práctica inadmisible para el desarrollo del periodismo...

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