Guardería ABC: dos años de injusticia - 5 de Junio de 2011 - Reforma - México DF - Noticias - VLEX 280702935

Guardería ABC: dos años de injusticia

Autor:Karla Garduño Morán
 
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Tras los dos años que han pasado desde el 5 de junio del 2009, cuando un incendio en la Guardería ABC de Sonora provocó la muerte de 49 niños y quemaduras en otros 24, sólo dos presuntos responsables de la tragedia están en prisión.

A pesar de que 39 personas han sido señaladas por diversas autoridades por alguna responsabilidad en el incendio en la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo el ex delegado del instituto en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y una de las coordinadoras de zona de las guarderías, Yadira Barreras, están detenidos en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo.

Leyva fue apresado apenas el 10 de mayo en Guadalajara (donde estaba escondido) y se le ha negado la libertad bajo caución, y Barreras no ha podido reunir el dinero para pagar su fianza.

Desde que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora inició la averiguación previa AP/206/2009-Sector 1, el 6 de junio del 2009, se han abierto cuatro procesos penales en el fuero federal y uno en el fuero común y se responsabilizó a 27 personas por homicidio culposo y lesiones culposas.

De ellas, 19 pisaron la cárcel, pero salieron con fianzas de 20 mil a 2 millones de pesos. A cuatro no se les ha dictado orden de aprehensión, dos están prófugas y las dos referidas están en la cárcel.

Otros 11 funcionarios de mayor nivel, como el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours y el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, fueron señalados como responsables de violaciones graves a las garantías individuales en el proyecto de dictamen que presentó el ministro Arturo Zaldívar ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3 de junio del 2010.

Sin embargo, la PGR no los incluyó en sus averiguaciones y en su sentencia final la Corte los exoneró.

Una persona más, Dora García Kobeh, coordinadora de Guarderías del IMSS entre diciembre de 2000 y agosto del 2007, fue inhabilitada y multada por la Secretaría de la Función Pública, pues fue quien firmó el contrato de subrogación de la Guardería ABC; pero no se le mencionó en ningún proceso penal ni en el dictamen del ministro Zaldívar.

Promesas incumplidas

Los padres de los 31 niños fallecidos en el lugar y de los 122 que para entonces permanecían con vida, recibieron promesas de apoyo y justicia desde las primeras horas posteriores al incendio.

El presidente Felipe Calderón llegó a Hermosillo al día siguiente, con su esposa Margarita Zavala y el director del IMSS, Daniel Karam. Además, instruyó al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que iniciara las investigaciones. Días después prometió que se llegaría hasta el fondo "caiga quien caiga".

El lunes siguiente, cuando ya sumaban 43 niños fallecidos, el gobernador Eduardo Bours dijo que se llegaría a fondo en las investigaciones.

Aunque los peritajes confirmaron que el fuego inició en la bodega aledaña, propiedad de la Secretaría de Hacienda del estado, el hecho de que ambos establecimientos compartieran muros, así como las evidentes deficiencias en el sistema de emergencias de la guardería, levantaron sospechas y señalamientos en los diferentes niveles de gobierno.

Bours acusó al IMSS por permitir que se instalara una guardería cerca de una bodega llena de papeles, un taller mecánico y una gasolinera. A su vez, Karam señaló al Departamento de Bomberos como el responsable de verificar la seguridad del establecimiento.

La tragedia trastocó la política. El 5 de julio siguiente el electorado castigó al PRI y le entregó la gubernatura del estado al panista Guillermo Padrés, quien desde la campaña se comprometió a apoyar a los padres.

Dos días después de la elección, Padrés repitió que se haría justicia; sin embargo optó por ratificar al procurador del gobernador anterior, Abel Murrieta, aunque una de las peticiones de los padres era que se le removiera del cargo ante la falta de avances en la investigación.

El abogado de las 30 familias reunidas en el Movimiento 5 de Junio, Lorenzo Ramos, explica que hasta la fecha, la PGJE sólo ha ejercido acción penal contra las 13 personas que fueron señaladas el 19 de junio del 2009: ocho son empleados menores de la Secretaría de Hacienda estatal y cinco son funcionarios municipales; sin embargo, los padres quieren que se abra proceso también contra mandos medios estatales como el ex director de Protección...

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