Historias de injusticia
| Autor | Jésica Zermeño |
Raúl Batres Campos vive todos los días una historia de terror en el Centro Federal de Readaptación Social Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.
Ingresó al penal de Perote -como se le conoce comúnmente- el 15 de septiembre de 2009, tras ser detenido el 25 de junio de ese año en Pachuca, Hidalgo, donde se desempeñaba como jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Ministerial Federal. Él fue uno de los 214 policías federales, estatales, municipales y ministeriales detenidos por la Policía Federal en 2009 en esa entidad, tras varios operativos. De acuerdo con las autoridades, cuatro testigos protegidos (Caleb, Pitufo, Rufino y El Oso) acusan a los detenidos de recibir dinero de Los Zetas.
Hoy, tres años después, apenas ocho policías han salido libres. Los otros 206 están desperdigados en penales de Veracruz, Tabasco, Morelos y el Estado de México, y su caso ha avanzado muy lento porque varios juzgados se han declarado incompetentes para verlo.
Para especialistas en derechos humanos, el caso de los policías de Hidalgo evidencia las irregularidades que marcaron el sistema de justicia en este sexenio: detenciones ilegales sin orden de aprehensión; fabricación de casos con el arraigo y con testigos protegidos; tortura para la obtención de confesiones y jueces que no hacen nada al respecto; alejamiento de internos de sus familias; dilación en los juicios... Irregularidades que se hicieron casi regla en los casos relacionados con delincuencia organizada.
Según la PGR, los testigos protegidos que acusan a Raúl Batres y sus compañeros tienen una memoria prodigiosa. Caleb logró identificar en su declaración a más de 200 elementos relacionados con Los Zetas por nombre, clave, puesto, ropas que usaban y hasta por armas que portaban. El Oso, un ex policía municipal de Pachuca, logró identificar también 214 policías de distintas corporaciones viendo fotografías oficiales. Sin embargo, El Oso ha declarado en 12 ocasiones, y en la mitad de ellas ha dicho que fue torturado para señalar a uniformados.
Silvia Vázquez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y quien ayuda en la defensa de ocho agentes -uno de ellos Batres Campos- califica como una calamidad el uso excesivo de testigos protegidos en este sexenio.
"Todo el caso está sostenido por testigos protegidos a los que ni siquiera han visto, a pesar de que los abogados han hecho valer los recursos jurídicos. Ya están en un proceso y podrían carearse con los testigos, y los careos han sido negados. Los testigos son invencibles. Hasta a los abogados les da miedo, porque pueden acusarte a ti, nada más necesitan señalarte, sin ninguna prueba... Son intocables", asegura la defensora de derechos humanos.
La forma en que detuvieron a Batres fue muy usada por las fuerzas federales de seguridad en este sexenio. Sus superiores le ordenaron que se encargara de resguardar un edificio, pues se les realizaría una revisión de armas a policías de varias corporaciones hidalguenses, el 24 de junio de 2009. Así lo hizo. Ese día la Policía Federal no dejó en libertad a ninguno de los policías que se presentaron. Un día después fueron por él y por otros más. Todos fueron trasladados al Centro de Investigaciones Federales de la PGR, en la colonia Doctores.
Testigos de la detención aseguran que la Policía Federal ni siquiera llevaba una lista de sospechosos. La hicieron en la Ciudad de México, cuando ingresaron al centro de arraigos. Las esposas de los detenidos cuentan que hasta los de intendencia estaban levantando actas, pues por ley la autoridad cuenta sólo con 48 horas después de una detención para solicitar un arraigo. Eran muchos policías.
Los detenidos permanecieron incomunicados durante 10 días. Después, tras un arraigo ampliado, a Batres y a otros les tocó ser enviados al penal de Perote.
Desde el traslado empezó el infierno. Policías federales y militares los golpearon. Cuando llegaron al penal los custodios les dijeron que recibirían trato especial. Y lo tuvieron: recibieron golpes constantes en la cabeza y baños de agua helada en la madrugada, sus alimentos -a veces descompuestos- eran servidos en el piso, y ellos eran obligados a comer de rodillas. Algunos fueron agredidos sexualmente.
Para el ex agente de la AFI todo ha sido peor por su historial de salud. Raúl desde niño sufre epilepsia y, según sus abogados, desde que ingresó al penal nunca ha sido medicado adecuadamente. Cada vez que le daba una crisis, la doctora del centro de readaptación le daba pinchazos con una aguja en el tórax, "para que no se esté haciendo".
Su esposa, desesperada de ver a su marido darse de golpes contra el vidrio del locutorio en las visitas, de que ya no pudiera ni siquiera mantener una conversación por su precario estado mental, solicitó un amparo para trasladarlo a otro centro de reclusión.
El amparo fue ganado y Batres fue enviado el 20 de agosto de 2010 al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, cuando tuvo una crisis epiléptica y ya no volvió en sí. En este...
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