Humberto Musacchio / La Suprema Corte y los presos vascos

AutorHumberto Musacchio

Después de casi dos años de irregularidades jurídicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso de seis personas de origen vasco presas en el Reclusorio Norte del Distrito Federal. No se trata de seis "etarras", como equivocadamente dice la cabeza de Reforma (pág. 2A, 9/V/2005), sino de seres humanos con el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

La atracción del caso por la Corte es un triunfo de la defensa, pues como suele suceder cuando los detenidos son de origen vasco, las autoridades de todo ámbito y nivel les habían negado el derecho a un juicio justo y diversas garantías establecidas en la Constitución y en las leyes mexicanas.

Las seis personas a las que se mantiene en prisión desde julio de 2003 son Luis Castañeda Vallejo, Ricardo Ernesto Sáez García, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz y el mexicano Asier Arronategui, personas de origen vasco que, no sobra decirlo, desde hace más de 10 años residen legalmente en México, donde desempeñaban trabajos lícitos y estaban al corriente en sus obligaciones con el Estado.

Las irregularidades comenzaron desde la detención misma de los seis, en Oaxaca, Monterrey, Puebla, Cancún y el estado de México, la que se realizó sin la indispensable orden de aprehensión, pues según confesión del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quien inexplicablemente sigue en su cargo en la PGR, se procedió sólo con una orden de presentación (véase la carta de ese señor publicada en Reforma, pág. 14A, 4/VIII/2003).

Se concentró a los detenidos en instalaciones de la PGR donde fueron interrogados por policías españoles, lo que constituye otra irregularidad, pues se permite la actuación de corporaciones extranjeras en territorio nacional. El caso quedó en manos del juez segundo de procesos penales federales, el señor César Flores, quien dio entrada a las hipótesis más peregrinas, "respaldadas" por un expediente que hacía acusaciones generales contra todos los presos, sin especificar los delitos en que habría incurrido cada uno de ellos, lo que se supone indispensable en nuestro sistema jurídico.

Las acusaciones iban de lo escandaloso a lo ridículo. Por ejemplo, dos meses después se dijo que donde fueron apresados los ciudadanos de origen vasco se habían encontrado "temporizadores" (mecanismos para activar o desactivar aparatos electrónicos mediante un cronómetro). El juez mexicano de la...

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