Ignora Guadalajara sentencia de Corte
| Autor | Víctor Fuentes |
El Ejecutivo federal denunció al Ayuntamiento de Guadalajara por violar una sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la nación desde junio de 1997.
Miguel Alessio Robles, consejero Jurídico del Presidente Felipe Calderón, denunció el pasado 22 de noviembre ante la propia Corte que Guadalajara está ignorando el fallo en el que se invalidó un reglamento con el que se pretendió regular el tema de la seguridad bancaria.
En agosto pasado, el municipio tapatío publicó reformas al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, en el que incluyó un capítulo con ocho indicaciones específicas sobre medidas de seguridad en los bancos, incluyendo detalles sobre los sistemas de alarma, puertas, cámaras de video, pagos para seguridad perimetral y dispositivos blindados para resguardo de efectivo.
Estas reformas son obligatorias para trámites municipales nuevos, así como para los refrendos de licencias que se deberán obtener en 2012.
La reforma incluyó un artículo transitorio en el que se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez ordenara a los bancos cumplir las medidas de seguridad ordenadas por el gobierno federal, "ya que debido al incumplimiento de las mismas se ha facilitado la comisión de robos en la sucursales bancarias y con ello se pone en peligro la seguridad e integridad física de la ciudadanía".
Otros transitorios también instan al Secretario de Seguridad Ciudadana a realizar reuniones con el Centro Bancario de Jalisco, que desde junio pasado había aceptado un convenio con el Ayuntamiento para invertir en tecnología y mejorar la vigilancia, aunque sin comprometerse al pago de guardias armados al interior de las sucursales.
El problema es que, en 1997, la Corte declaró la invalidez del Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria expedido por el mismo Ayuntamiento, al aclarar que el tema es facultad exclusiva del gobierno federal, que en esa época fue el que impugnó la norma municipal.
El presidente de la Corte, Juan Silva Meza, emplazó el 25 de noviembre al Ayuntamiento para que en quince días hábiles "deje sin efectos el acto que se reclama, o alegue lo que en derecho corresponda".
Qué sigue
El procedimiento previsto es que el expediente sea turnado a un ministro instructor, para que en una fecha no determinada durante 2012 presente al Pleno de la Corte un proyecto de sentencia en el que se resuelva si efectivamente hay un desacato y si procede aplicar alguna sanción.
En teoría...
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