Isabel Turrent / Los malos pasos de Evo
| Autor | Isabel Turrent |
Nadie puede negar el derecho legítimo de una nación a obtener el máximo beneficio de la explotación de sus recursos naturales y, menos aún, a tener sobre ellos un control soberano. En el ámbito de los hidrocarburos, los países productores han diseñado desde hace décadas, una intrincada red de acuerdos y negociaciones con las grandes compañías petroleras para sacar el mejor provecho de su riqueza. El aumento de regalías e impuestos a compañías que operan en el territorio de los países petroleros, es todavía más racional desde el punto de vista económico, cuando los precios de los hidrocarburos se disparan como ha sucedido en los últimos años. Por ello, en principio, es difícil criticar la "nacionalización" de la industria gasera boliviana que Evo Morales decretó hace días. Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, y posee las segundas reservas de gas del continente entero, después de Venezuela.
Sin embargo, la medida boliviana está preñada de riesgos, no sólo para Bolivia misma, sino para la estabilidad de América del sur, y no cumple con dos requisitos básicos de las nacionalizaciones que han tenido éxito. En primer lugar, no tiene lógica económica. Bolivia estaba recibiendo considerables beneficios económicos resultado de un nuevo régimen de regalías e impuestos, establecido hace un año a las 21 compañías que operan en el país -entre las que sobresalen el consorcio brasileño Petrobrás y el español Repsol-, y que las obligaba a entregar al gobierno boliviano 50 por ciento de sus ganancias. Además, Bolivia depende para la explotación y comercialización del gas, de las mismas empresas a las que afectó, rompiendo contratos establecidos sin aviso previo y tomando las instalaciones con un despliegue militar innecesario. Petrobrás ha congelado ya sus proyectos de inversión en Bolivia y otras compañías harán lo mismo. Morales no podrá explotar el gas del país y menos comercializarlo, sin la ayuda del capital extranjero.
El 4 de mayo, Jorge Alvarado, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la compañía que supuestamente se hará cargo de la industria gasera boliviana, reconoció abiertamente que YPFB "no tiene dinero". Agregó que, afortunadamente, "está seguro que las compañías afectadas permanecerán en Bolivia". Más vale que su certeza tenga bases firmes, porque Bolivia posee gas, pero no tiene acceso directo a los mercados. Difícilmente podrá seguir vendiendo gas a Brasil -su cliente...
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