Jaime Sánchez Susarrey / Libertad de expresión

AutorJaime Sánchez Susarrey

La contrarreforma electoral de 2007 elevó a rango constitucional dos preceptos. El primero fue la prohibición de que particulares (personas físicas o morales) compren tiempos en medios electrónicos durante las campañas electorales para hacer propaganda, a fin de impedir que influyan en el ánimo de los electores.

La razón de este impedimento, que se introdujo por primera vez en el código electoral en 1996, era muy simple: preservar la equidad entre los partidos contendientes. Se quería conjurar el riesgo de que los particulares actuaran como mampara de los partidos e incrementaran, así, los tiempos y la propaganda de alguno de ellos.

Pero además, se quería impedir que la plutocracia -los ricos- pudieran tener injerencia en el debate ideológico y político para inclinar la balanza en un sentido o en otro. El argumento rechinaba de "limpio": sólo los ricos pueden darse el lujo de comprar spots, por lo tanto, limitar ese derecho equivalía a suprimir un privilegio.

La experiencia y la historia no avalaban ninguna de esas tesis. En México la desigualdad, que no inequidad, databa y se fundaba en la simbiosis del PRI con el Estado. La elección de 1994 fue particularmente clara: por cada peso que se gastó en la campaña el PRI dispuso de 75 centavos contra 25 centavos que gastaron todos los partidos de oposición. La proporción fue de 3 a 1.

Por eso la reforma de 1996 estableció tres mecanismos fundamentales: 1) financiamiento público para todos los partidos; 2) que el 30 por ciento de esos recursos se entregaran en forma igualitaria entre todos los partidos; 3) que el 70 por ciento restante se distribuyera en forma proporcional a la fuerza de cada organización.

El primer efecto de esa reforma se hizo sentir en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y el PAN obtuvo las gubernaturas de Querétaro y Nuevo León.

No había, por lo mismo, en la historia ni en el horizonte real de la política ningún resquicio para que la plutocracia hiciera valer el poder del dinero y se convirtiera en factótum de los procesos electorales. No había sido así en el pasado y no tendría por qué ser así en el futuro.

De hecho, los supuestos de la argumentación eran completamente falsos. Era, y es falso, que sólo los ricos pueden tener acceso a la compra de tiempo en medios electrónicos. En una sociedad democrática y plural hay organizaciones sindicales, gremiales o civiles que tienen...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR