JAQUE MATE / Caseros espías
| Autor | Sergio Sarmiento |
"Culpable no es el que comete el pecado, sino el que causa la oscuridad".
Victor Hugo
Los mexicanos seguimos perdiendo derechos ante un Estado empeñado en disminuir las garantías individuales. Un nuevo paso está a punto de completarse con la iniciativa que el gobierno de la Ciudad de México envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para modificar la Ley de Extinción de Dominio con el fin de convertir a los arrendadores de inmuebles en espías de sus inquilinos.
La medida no sólo es injusta, ya que busca imponer en ciudadanos comunes y corrientes responsabilidades que únicamente debería tener la autoridad, sino que además los expone a un riesgo innecesario al convertirlos en soplones de actividades de presuntos criminales.
Todas las leyes de extinción de dominio -la federal, las estatales o la capitalina- son aberrantes porque desechan la presunción de inocencia que establece la Constitución. Si uno es acusado de un delito, la autoridad tiene la obligación de comprobar su dicho. Pero en las leyes de extinción de dominio la carga de la prueba se revierte: el acusado tiene la responsabilidad de demostrar que no sabía que su propiedad estuviera siendo utilizada para un delito. Este tipo de comprobación es siempre difícil y en ocasiones imposible.
La Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal ya imponía responsabilidades legales a caseros y dueños de hoteles. En varios casos los afectados recurrieron a los tribunales y consiguieron amparos. Las modificaciones pretenden reducir la posibilidad de que los ciudadanos obtengan esta protección de los tribunales.
Uno puede entender la confiscación de un inmueble cuya propiedad es producto de un acto criminal, una vez que se comprueba esta proveniencia. Si el dueño de un hotel o de un predio es cómplice de un delito, tampoco debe objetarse que se le despoje de la propiedad, una vez que se demuestre cabalmente dicha complicidad.
Lo que no es correcto es confiscar propiedades de personas que no fueron cómplices de algún delito y que pecaron por simple ignorancia o temor. Más inaceptable aún es que se haga responsable a los arrendadores o a los dueños de hoteles de espiar a sus inquilinos o clientes y de alertar a la autoridad de posibles crímenes. Esto puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos si efectivamente sus inquilinos o clientes son criminales.
Los regímenes autoritarios han tratado...
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