JAQUE MATE / Peñasquito

AutorSergio Sarmiento

"Es imposible introducir a la sociedad... un mal mayor que... convertir la ley en un instrumento de despojo".

Frédéric Bastiat

La incertidumbre jurídica es una de las razones más importantes de la pobreza del campo mexicano. Hoy estamos viendo un caso ejemplar en la mina de Peñasquito en Zacatecas.

Peñasquito es una mina de oro, plata y cinc en el municipio de Mazapil, quizá el más pobre de Zacatecas. La zona tuvo actividad minera desde hace cuatro siglos, pero tras perderla la ha recuperado con esta operación. En 2005 se hicieron los acuerdos de arrendamiento con los ejidatarios. Después de realizar inversiones por 1,500 millones de dólares, la empresa canadiense Goldcorp empezó actividades en 2010.

Sin embargo, gracias a una legislación agraria que permite a los ejidatarios retractarse de acuerdos de venta o arrendamiento sin importar el tiempo transcurrido, el Tribunal Unitario Agrario del distrito I de Zacatecas ha ordenado a la empresa devolver 599 hectáreas al Ejido Cerro Gordo.

La empresa ha construido viviendas, escuelas, centros sociales, un aeródromo e incluso una carretera. En la zona que tendría que devolver ha puesto, además, una subestación eléctrica indispensable para la mina. La operación ha representado, según un desplegado periodístico de los integrantes del Ejido Cedros, que se oponen a la devolución, "el rescate de la miseria en miras de una nueva prosperidad".

El proceso contra Goldcorp fue promovido por 29 ejidatarios, de los cuales sólo cinco viven en el lugar. Sin embargo, ha contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, activistas y políticos, como los diputados federales José Isabel (Chabelo) Trejo Reyes y Tomás Torres Mercado.

La falta de definitividad en los acuerdos o contratos con ejidos es producto de una legislación que trata a los ejidatarios como menores de edad que requieren de una tutela especial del Estado porque se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. La ley, sin embargo, termina haciendo daño a los ejidatarios y al país porque inhibe las inversiones productivas.

No es necesario que todos los miembros de un ejido repudien una transacción para que los tribunales agrarios la revoquen años después. Por eso la extorsión que...

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