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JAQUE MATE / Razones de Estado

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Vincent
AutorSergio Sarmiento

"La razón de Estado no se ha

de oponer al estado de la razón".

Carlos V

Es inusitado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se desista de acusaciones contra un presunto narcotraficante mexicano que esté siendo procesado en ese país. Por eso sorprende el retiro de cargos contra el general Salvador Cienfuegos. El fiscal Seth D. DuCharme explicó a la juez Carol B. Amon: "Estados Unidos ha determinado que consideraciones sensibles e importantes de política exterior rebasan el interés del gobierno en mantener el proceso del defendido... y requieren por lo tanto el desistimiento del caso".

"Las pruebas en este caso son fuertes", dijo el fiscal, pero "como un tema de política exterior, y en reconocimiento de la fuerte asociación en la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar nuestro frente unido contra cualquier tipo de criminalidad, incluyendo el tráfico de narcóticos por cárteles mexicanos, el gobierno aquí solicita que se retiren sin prejuicio los cargos en contra del defendido, a fin de permitir que la investigación y potencial persecución del defendido prosigan en México en primera instancia".

La decisión fue política. Por eso el fiscal se refirió a la contundencia de sus pruebas, aunque todo fiscal considera las suyas como tales. Ahora, sin embargo, nunca sabremos si realmente lo eran, porque no serán sometidas al escrutinio crítico de un juicio. Las pruebas incluyen declaraciones de testigos protegidos y mensajes de Blackberry que hablan de un "padrino", pero sin identificar al general. El prejuicio contra México se manifiesta en la expresión "incluyendo el tráfico de narcóticos por cárteles mexicanos". Las autoridades estadounidenses piensan que no existen los cárteles estadounidenses.

Varias veces en el pasado Washington rechazó peticiones para liberar a ciudadanos mexicanos procesados en Estados Unidos. Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, fue enjuiciado por narcotráfico y presunta vinculación a la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. La prueba crucial era que los hechos supuestamente ocurrieron en una propiedad suya; de nada sirvió que demostrara que la había vendido tiempo atrás. Pese...

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