Jaque Mate / Regreso a Acteal

AutorSergio Sarmiento

"La justicia ha sido injusta en todas direcciones en el caso de Acteal... Hay que regresar a Acteal".

Héctor Aguilar Camín

Este próximo 22 de diciembre se cumplirán 10 años de la matanza de Acteal en la que murieron cuando menos 45 indígenas, entre ellos ancianos, mujeres y niños. Algunos grupos políticos han mantenido la tesis de que esta matanza fue producto de una orden proveniente de los más altos círculos del poder: del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, o del propio presidente de la República, Ernesto Zedillo. Por eso se dice que la matanza ha quedado impune. En un desplante genocida, a algún gobernante loco le habría entrado en la cabeza la idea de que había que matar sin razón a una pacífica comunidad de indígenas.

La serie de tres artículos "Regreso a Acteal", publicados por el historiador y escritor Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, muestra con contundencia -para quien no esté cegado por el dogma- que lo que sucedió es muy distinto.

La matanza de Acteal es producto de una acumulación de actos de violencia que ni la autoridad chiapaneca ni la federal quisieron detener. Como tantas otras veces en nuestro país, la violencia empezó como consecuencia de un Estado que abandonó su función principal de garantizar la seguridad y la aplicación de la ley y que abdicó del monopolio del uso de la fuerza.

Los ataques violentos no surgieron de la nada el 22 de diciembre de 1997. En 1995 una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz permitió a los miembros del EZLN estar armados en su zona de influencia. En 1996 un grupo zapatista declaró el establecimiento de un "municipio autónomo" en Polhó -dentro del municipio de San Pedro de Chenalhó- y procedió a controlar la zona por la fuerza. Los zapatistas tomaron una mina de arena en Majomut, única fuente de riqueza no agrícola en el lugar, y cobraron impuestos revolucionarios a las comunidades. Quienes no simpatizaban con ellos fueron agredidos, expulsados u hostigados.

Los no zapatistas, a quienes se identificaba como priistas o cardenistas, buscaron el apoyo de las autoridades municipales o estatales. Pero éstas se lavaron las manos señalando que, a raíz de la ley de conciliación, los zapatistas tenían derecho a ir armados y a imponer su ley en las zonas que controlaban. Lo único que podían hacer quienes no pertenecían al movimiento zapatista era armarse y defenderse a sí mismos. Las autoridades municipales, las estatales y las militares no sólo permitieron que estos grupos...

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