Jorge Alcocer V. / Litigios
| Autor | Jorge Alcocer V. |
El domingo pasado cerró el plazo legal para el registro de candidatos a diputados federales, igual ocurrió en la mayoría de las entidades federativas en que tendrán lugar comicios locales concurrentes el 2 de julio próximo. Sin embargo, el tema está lejos de poder considerarse concluido. Todos los partidos han enfrentado o enfrentan conflictos de diversa índole por la selección de candidatos, desde el que Víctor González Torres (alias doctor Simi) provocó en Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que en el enfrentamiento y fractura perdió sombrero y prerrogativas, hasta los que protagonizan aspirantes a regidores, alcaldes, diputados locales y federales, y senadores. No hay partido que se salve ni candidatura que no se litigue.
La conflictividad intrapartidista no es novedad, sí lo es el número de casos presentados al Tribunal Electoral. Los litigios de tal tipo se deben presentar, cumpliendo algunos trámites previos, a la Sala Superior, a través del recurso denominado juicio para la protección de derechos político electorales del ciudadano, que equivale al juicio de amparo ordinario. Más de 700 recursos de ese tipo fueron presentados en los primeros cuatro meses del año en curso, cifra superior a todos los que se interpusieron en 2005. La inmensa mayoría de los presentados entre enero a abril de 2006 tienen como origen la disputa por candidaturas, tanto federales como locales.
El partido que enfrenta el mayor número de casos ante la Sala Superior es el PRI, seguido del PRD y el PAN. En los partidos marginales y en los de nuevo registro también hay conflictos. Así, el tribunal resolvió que el tricolor debe reponer procedimientos de selección de candidatos en nueve estados para el caso de senadores y en muchos distritos para casos de diputados federales. Anuló la asamblea estatal del PRI que designó candidato a gobernador en Chiapas y obligó al PRD a efectuarla. Al PAN le revocó decisiones en Puebla, Durango, Sonora y otros estados.
Estamos ante una realidad que indica varios problemas: por un lado, la facultad que el Tribunal Electoral se arroga en estos litigios no deriva de norma expresa contenida en la ley, sino de la interpretación que de la misma hizo el propio tribunal, cuya Sala Superior emitió jurisprudencia en el año 1999, abriendo la caja de Pandora. De 1996 a 1999 la Sala Superior se negó sistemáticamente a dar entrada a demandas de militantes en contra de sus partidos, argumentando que los órganos partidistas no son autoridad...
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