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Jorge G. Castañeda / Guerra contra los niños

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Vincent
AutorJorge G. Castañeda

Nadie sabe qué ha desatado el flujo de menores de edad a Estados Unidos procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El número de niños detenidos en la frontera entre México y EU se ha duplicado en los últimos meses y se estima que alcanzará más de 100 mil este año. Se calcula que 3/4 de este total provienen de Centroamérica y 1/4 de México, pero eso supone que todos los menores de edad dicen la verdad cuando se les pregunta de dónde son. Sería lógico disimular su nacionalidad mexicana, ya que es más fácil deportarlos a México que a Centroamérica.

La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y México anuncian que los polleros engañan a los pollos al esparcir el rumor de que los niños enviados a EU podrán permanecer ahí legalmente, engañan también. Si llegan a la frontera y se entregan a las autoridades norteamericanas, habrán logrado lo que millones de adultos indocumentados aún no logran: la legalización en EU. En las últimas semanas, un número creciente de menores de edad, acompañados por sus madres u otros familiares femeninos, han atiborrado los centros de detención acondicionados para ese propósito por Washington y los gobiernos estatales.

Hace bastante sentido que un coyote, si es parte del crimen organizado, divulgue la buena nueva que, pagando de 6 a 7 mil pesos, una madre hondureña o salvadoreña puede mandar a sus hijos...

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