Jorge Volpi / De bloqueo en bloqueo

AutorJorge Volpi

A lo largo de las últimas semanas, la capital se ha visto desquiciada por las estruendosas protestas callejeras. Al principio, las autoridades minimizaron el conflicto -ante los pasmados ojos de los ciudadanos, llegaron a afirmar la inexistencia del movimiento-, mientras los manifestantes bloqueaban calles y avenidas, llegando a obstaculizar el acceso al aeropuerto. Si hasta el momento el Presidente había gozado de un amplio margen de aprobación por sus arriesgadas decisiones políticas, su imagen -al igual que la del alcalde- se ha desplomado en las encuestas, sobre todo entre las clases medias y altas. Hartas de embotellamientos que duran horas, exigen mano dura al gobierno, que en su opinión se ha mostrado incapaz de hacer frente a los disturbios.

La confrontación entre policías y paristas se ha tornado cada día más violenta, con un saldo que suma ya decenas de heridos. Según los responsables de los cuerpos de seguridad, jóvenes radicales infiltrados entre los organizadores son los responsables del caos: "Desafortunadamente varias de estas manifestaciones fueron aprovechadas por vándalos que sólo quieren causar caos y destrucción, y dañar los bienes públicos y privados. No hay protesta, por justa que sea, que amerite la pérdida de una vida".

Hace unos días, los sectores más conservadores del país presentaron un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes alteren el orden público. Según sus defensores, estas medidas buscan "evitar desmanes en las manifestaciones", sin por ello conculcar el derecho de protesta, aunque diversos colectivos de derechos humanos -y buena parte de la oposición- denunciaron el peligro de reformar el código penal. Para defenderse, uno de los artífices del proyecto declaró: "La protesta social es legítima, la promovemos, la respetamos e invitamos a los ciudadanos a que se manifiesten, pero no es aceptable cuando termina en bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, pero más grave aún es una promoción de la violencia, por eso quienes promueven estas protestas van a tener que pagar las consecuencias".

De acuerdo con el nuevo proyecto de ley, "quien incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar [...] las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 3 a 5 años". Y añade que, si se utiliza capucha...

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