Juan Ciudadano/ La censura fina

AutorJuan Ciudadano

Un foro internacional que comienza hoy en la UNAM sobre la responsabilidad jurídica de la prensa está trayendo al tapete de la discusión el delicado tema de las "Leyes de Cárcel", que todavía existen en nuestro país. México es de los pocos países en el mundo donde la expresión de una idea sobre el servicio público puede llevar a la cárcel a quien la emite.

Hacer leyes exige sabiduría. Todo sería más fácil si el legislador sólo tuviera que enfrentarse a decisiones binarias: castigar o no castigar, detener o dejar libre.

Sin embargo, cuando se enfrentan valores encontrados o se atenta contra el derecho de un tercero, la búsqueda de la justicia y de los efectos sociales deseables derivados de una sanción obliga ir más allá de la simple decisión entre poner un castigo o no hacerlo.

Lo justo está en la correspondencia entre la falta y el castigo. La sanción completa sus virtudes si, además, deriva en consecuencias positivas para la colectividad.

Se puede intentar corregir a un ladrón de muchas maneras: se le puede llamar la atención e invitarlo verbalmente a que no lo repita, o se le puede cortar la mano. Sin embargo, la justicia y lo socialmente óptimo probablemente no están en ninguno de estos dos extremos.

La discusión alrededor de la difamación tampoco se resuelve con una solución de esquina.

Las leyes mexicanas dan al servidor público la posibilidad de poner en la cárcel a quien publica una noticia u opinión que le sea desfavorable. Lo opuesto sería la impunidad absoluta de los medios. Es tarea de nuestros legisladores encontrar lo justo y socialmente deseable entre estos dos extremos.

Dañar la buena fama de un servidor público con información falsa -con o sin dolo- es algo que atenta contra el derecho al honor de toda persona y, por lo tanto, exige una reparación del daño y una sanción para el causante del agravio.

Pero, castigar la divulgación de información errónea con penas que llegan hasta la cárcel es querer reparar un mal con otro mal mayor.

Las leyes mexicanas no sólo atentan contra la proporcionalidad entre falta y castigo, sino que, de rebote, socavan la libertad de expresión y, con esto, uno de los materiales con los que se cimienta la democracia.

La amenaza de cárcel es una arma muy poderosa -se consuma o no la reclusión- en manos de quien tiene el poder, para amedrentar a quien tiene como misión ante la sociedad exhibir los excesos y fallas del servidor público.

Es así como se rompe el balance deseable que debe alentar, al...

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