Juan Ciudadano / Apoyando la opacidad

AutorJuan Ciudadano

El acceso a la información pública y la rendición de cuentas son dos caras de la misma moneda.

Ambos son práctica cotidiana en las sociedades democráticas, donde los ciudadanos ejercen su derecho a estar informados y los poderes públicos rinden cuentas de los recursos públicos que manejan y de cómo ejercen sus facultades.

No es el caso de México, como quedó manifestado claramente la semana pasada en dos campos de la función pública en el País.

El primer asunto fue la polém ica desatada en torno a si existe la obligación de parte del Infonavit de someterse a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El segundo caso fue la discusión del alcance de las competencias de la Auditoría Superior de la Federación.

Ambos casos son relevantes para mostrar los tropiezos a que se enfrenta la recién estrenada Ley de Transparencia y que establece que son sujetos obligados todos los poderes públicos, incluyendo las paraestatales, sin excepciones.

Pero -sorpresa- resulta que funcionarios del Infonavit dicen no formar parte del Gobierno y, por lo tanto, no les cae el saco en eso de la obligatoriedad de abrirse a la información pública.

Los argumentos, por cierto muy débiles, son que el Infonavit "no depende de recursos públicos para su funcionamiento, no recibe ni un peso del Presupuesto de Egresos de la Federación" y, ante eso, la Ley de Transparencia "no nos obliga".

Quizá el origen empresarial de la mayoría de los directivos del Infonavit -y, por lo tanto, el no sentirse parte de la burocracia que sí son- pueda explicar la ignorancia sobre la naturaleza de la institución que administran.

No estaría de más que estos funcionarios, antes de cerrarse a informar, consultaran la Ley Federal de Entidades Paraestatales que define precisamente qué es una entidad paraestatal. A mayor abundamiento, pueden recurrir al Diario Oficial del 6 de agosto de 1999, donde aparece el Infonavit en un enlistado de paraestatales.

A nadie, más que convenientemente a sus directivos, le queda la menor duda de que esta dependencia está obligada a garantizar el acceso a la información pública y a la rendición de cuentas.

Por eso no es admisible que se quiera plantear la apertura de la información como graciosa concesión de sus autoridades.

Ahora es la ley y hay que cumplir, aunque sea a regañadientes.

Todos contra el auditor

El segundo ejemplo tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación, un órgano de reciente creación que vino...

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