La judicialización de la política

AutorSergio Valls Hernández

El nuevo papel que se asigna al juez, a partir de la reforma constitucional de 1993 y que se consolida con la de 1996, tiene dos objetivos fundamentales: que las leyes electorales, federales y locales, se adecuen a lo establecido en la Constitución y que las actividades electorales, incluidos los procesos que vivimos actualmente, se desarrollen de conformidad con lo dispuesto en una norma general, abstracta e impersonal, que sea emitida con anticipación a los hechos que pretende regular.

El "juez electoral", que en términos concretos en la legislación mexicana para cuestiones de constitucionalidad de las leyes electorales son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para las de legalidad son los Magistrados del Tribunal Electoral, tiene como imperativo ético que los asuntos electorales sean resueltos en los términos consignados en la Constitución y las leyes, que el criterio jurídico sea el determinante en la resolución de los eventuales conflictos que sobre el particular se generen, "cerrando el camino a decisiones políticas sin fundamento jurídico que pudieran afectar el sentido de la voluntad popular expresada en las urnas". Esta es una función cimentadora de la convivencia pacífica y civilizada. Me atrevería a decir que es la garantía de que la transmisión del poder social se lleve a cabo en forma institucionalizada y de que se renueve el consenso en torno al pacto constitucional.

Francis Fukuyama, en un estudio eminentemente sociológico, intenta identificar las razones del éxito de las sociedades occidentales en términos de legitimación y de bienestar social; propone que el concepto de "capital social" es fundamental para entender que en determinadas condiciones se genere cooperación y un orden espontáneo.2 En este sentido, el comportamiento ético del juez electoral es el origen de la confianza política básica que debe darse entre los miembros de una sociedad para unir acciones y decisiones en una dirección de índole nacional. Es el origen de la "acumulación del capital social".

Sin embargo, el juez, por su posición en la vida de una comunidad y su importancia para el derecho, está sujeto permanentemente a la crítica desde diversos puntos de vista y más aún cuando, como ahora, es el responsable de la calificación de las elecciones como última instancia, en sustitución de los colegios electorales.

Esto es una verdad irrefutable, válida en nuestro país y en otras latitudes, basta revisar lo escrito alrededor de la conveniencia de que el Poder Judicial de la Federación participe directamente en los conflictos político-electorales, que hace actual la polémica para definir cuál es la relación entre la función jurisdiccional y la democracia.

El hecho de que el Poder Judicial sea el órgano del Estado encargado de calificar las elecciones lleva a la reflexión sobre lo que es el derecho político justo y la justicia electoral...

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