Jueces en el limbo
| Autor | Víctor Fuentes |
Con apenas 814 millones de pesos de presupuesto, el Tribunal Fiscal resuelve disputas cuyo monto anual ya supera los 90 mil millones de pesos, cifra equiparable al presupuesto de Pemex o la CFE. En sus 67 años de funcionamiento, ha pasado de ser un modesto organismo que operaba sólo en el DF a tener 36 salas regionales y 119 magistrados. Antes atendía sólo disputas tributarias. Ahora conoce todas las controversias entre el gobierno federal y los particulares. Este año rebasará las 90 mil sentencias, la mayoría contrarias a los intereses de la autoridad, pero no tiene reglamento interior ni bases para una carrera judicial ni un cuerpo especializado de administración, aunque afirma que ya trabaja en lograr estas reformas.
De lo fiscal a lo general
Habilitado en 1936 como el ámbito en el que se resolverían disputas tributarias, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha sufrido desde entonces menos de 12 reformas legales para ampliar sus facultades.
En 2001, el Congreso decidió rebautizar al tribunal y reconocerle su carácter de órgano contencioso-administrativo con jurisdicción sobre controversias que involucran a toda la administración pública federal.
Con relación al año anterior, el número de sentencias dictadas en 2001 creció casi 28 por ciento y llegó a más de 75 mil, aumento nunca visto en un órgano de impartición de justicia en México. Apenas dos años antes, en 1999, había emitido 37 mil resoluciones.
Este año apunta a un nuevo récord. Al cierre de julio, el Tribunal Fiscal ingresó 54 mil 480 expedientes, y resolvió 49 mil 206. De seguir con ese ritmo, serán más de 93 mil los juicios iniciados, y más de 84 mil los concluidos.
Pero el Tribunal Fiscal no sólo creció en la cantidad de sentencias, también multiplicó la variedad de asuntos.
Revisa disputas sobre 55 clases distintas de actos administrativos previstos en unas 260 leyes.
Resuelve sobre materias disímbolas: desde juicios por la aplicación del Reglamento de Gas LP, controversias en el Servicio Exterior Mexicano, asuntos ecológicos y forestales o de juegos y sorteos y de antropología e historia.
Lo mismo se revisan disputas por la Ley Federal de Cinematografía que por la de Telecomunicaciones, por la Ley de Organizaciones Ganaderas que por los tratados de libre comercio firmados por México.
Su fuerte, sin embargo, sigue siendo la eterna pelea del contribuyente contra el fisco. De los 80 mil 259 asuntos admitidos a trámite entre noviembre del 2001 y octubre del 2002, 20 mil 433 fueron por disputas relacionadas con el Código Fiscal, 7 mil 333 con la Ley del ISR, 5 mil 456 de aduanas, y 2 mil 150 de Ley del IVA. El IMSS, que es el otro gran cobrador, enfrentó 11 mil 580 demandas, éstas relacionadas con cuotas patronales, y otras 6 mil 309 controversias tuvieron que ver con el Infonavit.
Las cantidades en litigio son estratosféricas, porque cada demanda de nulidad contra una autoridad fiscal significa que alguien no quiere pagar lo que le cobran, quiere pagar menos, o quiere que le devuelvan, con intereses, lo que ya pagó.
Entre octubre del 2000 y octubre del 2002, la cuantía fiscal total de los asuntos resueltos por el Tribunal Fiscal sumó 148 mil 514 millones de pesos, una cifra que supera el presupuesto anual de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) o las aportaciones federales a seguridad social.
Lo curioso es que ni un solo centavo cambia de manos sin la revisión de los tribunales colegiados de circuito, es decir, del Poder Judicial. Asunto sui géneris, pues cuando el Tribunal Fiscal falla contra una autoridad, ésta puede impugnar ante los tribunales federales, lo que es imposible si la misma autoridad enfrenta la sentencia adversa de un órgano judicial, por ejemplo, los tribunales superiores de los estados.
Para el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela Güitrón, este recurso creado en 1946 y conocido como "revisión fiscal", debería ser abolido por intrascendente.
"Es el primer gran golpe que se dio a la jurisdicción de lo contencioso administrativo", consideró hace tres años. Además de intrascendente, la revisión fiscal sobrecarga de trabajo a los de por sí ya saturados tribunales colegiados que cada año revisan entre 10 mil y 11 mil de estos recursos, la mayoría promovidos por la Secretaría de Hacienda, pero también por dependencias como la de la Función Pública, la de Economía o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Alejandro Sánchez Hernández, presidente del Tribunal Fiscal, estima que de 72 mil sentencias dictadas en 2002, alrededor de 25 mil fueron revisadas por los tribunales federales y sólo 6 mil fueron modificadas. Dos terceras partes de los litigios que resuelve el Tribunal Fiscal no son impugnados, lo que lo...
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