Juegan sucio a casinero
| Autor | REFORMA / Staff |
La declaración de un ex agente del Departamento de Seguridad Interna de EU contratado por empresarios españoles para investigar al casinero mexicano Javier Rodríguez Borgio exhibió una trama de fraudes, corrupción y violencia en torno a 16 predios de la Riviera Maya.
Según indagatorias de la PGR y de la Fiscalía de Querétaro, la compañía española Prestadora de Servicios Azco intentó simular una venta duplicada de los terrenos ubicados en Puerto Morelos, por los cuales ya había recibido un pago de 20 millones de dólares de Rodríguez Borgio.
Para comprar los predios Petempich y Don Heriberto II a través de su Inmobiliaria JRB, el 18 de agosto de 2015 el mexicano aceptó pagar 25 millones de euros, pero el 26 de noviembre siguiente un convenio modificatorio lo fijó en 20 millones de dólares que finiquitó el 31 de diciembre.
Azco es propiedad de Guillermo José Martínez Cárdenas, un español que dirige varias compañías de transporte marítimo y que, según la indagatoria AP/ZN/CAN/89/02/189/10-2016, trató de invalidar esa compra venta por dos vías.
La primera fue una demanda presentada el 22 de enero de 2016 ante el Juzgado 50 de lo Civil, en la Ciudad de México, donde reclamó la nulidad de la operación, pese a que ya había cobrado.
La segunda, el 27 de abril siguiente, fue a través de la simulación de otro proceso de compra venta a Grupo Constructor de La Ribera.
Virgilio Rincón Salas y Joaquín Ramos Ramos, integrantes de uno de los despachos de abogados más importantes de Guadalajara, operaron ambos movimientos.
En la demanda civil, Rincón representó a Azco, mientras que en la compraventa fraudulenta resultó ser el dueño de la empresa compradora: Grupo Constructor de La Ribera.
La investigación de la PGR revela que la empresa de Rincón simuló pagar por los inmuebles 8.8 millones de dólares con un cheque que nunca tuvo fondos y que, como la empresa, había sido creada apenas días antes.
PRIMERO EL SOBORNO
Juan Felipe Martínez, el ex agente con un despacho de investigación privada en Miami que reveló la trama, contó que los españoles primero intentaron cambiar el nombre de los propietarios de los terrenos, para lo cual pagaron un soborno a funcionarios estatales, entre ellos el entonces Gobernador Roberto Borge y Carlos Lima Carvajal, quien era director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.
Según Martínez -quien dijo ser contratado por el español Andrés Felipe Valea Vera, representante legal de Azco-, él mismo contactó en Miami a un...
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