Julia Carabias / 100 años de deterioro

AutorJulia Carabias

El siglo XX será recordado en la historia de México como el de mayor impacto sobre el patrimonio natural nacional. Las políticas de desarrollo asumieron que los recursos naturales eran ilimitadamente renovables, y al paso de los años la naturaleza se fue destruyendo en nombre de un desarrollo que tampoco llegó.

Al inicio del siglo XX habitaban en México un poco más de 9 millones de personas, en su mayoría campesinos sin tierra que subsistían como peones acasillados en las haciendas propiedad de una pequeña elite económica.

La Constitución de 1857 definía el sistema patrimonial de la propiedad como una prerrogativa individual. Los recursos naturales, cualesquiera que estos fueran, eran propiedad del dueño de la tierra. Este régimen de propiedad finalizó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El artículo 27 constitucional confiere a la nación la propiedad originaria de las tierras y aguas nacionales y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Los tipos de tenencia de la tierra que se reconocen a partir de entonces son la ejidal, la comunal, la pequeña propiedad y la propiedad de la nación. Además, la Constitución define que la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las "modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana...".

La Constitución deja clara la dimensión de justicia social, desarrollo económico y conservación de la naturaleza. Sin embargo, la forma en que estos preceptos fueron concretándose a lo largo de los años en las leyes reglamentarias, en su aplicación y observancia y en los programas gubernamentales, indujo en el país un resultado muy distante al previsto en la Carta Magna.

Un primer proceso tiene que ver con la reforma agraria. Desde la promulgación de la Constitución y hasta 1940 se repartieron 30 millones 400 mil hectáreas dotadas a un millón 570 mil beneficiados. Sin restar, en lo más mínimo, la importancia que tuvo el reparto agrario como respuesta al reclamo de justicia social, el problema fue que la mayoría de estas tierras repartidas era de aptitud forestal, ya que...

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