Juzgan en caso Salinas la estrategia de la PGR
| Autor | Víctor Fuentes |
El tribunal federal que mañana decidirá la suerte de Raúl Salinas de Gortari enfrentará una pregunta simple que esgrime la defensa:
¿Es válido el testimonio inculpatorio de una persona que recibió 500 mil dólares de la fiscalía?
La respuesta que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal le dé a esta cuestión -el testigo fue Fernando Rodríguez González-, podría determinar si Salinas es absuelto o enfrentará una condena definitiva de 27 años y medio de cárcel.
El litigio final fue preparado durante tres años por el penalista Alonso Aguilar Zinser, quien tomó el caso en abril de 2001.
1 Un testigo pagado, la clave en el juicio
La piedra angular del caso contra Raúl Salinas es la declaración rendida el 15 de Febrero de 1995 por Fernando Rodríguez González ante el entonces fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla. Casi cinco meses después del asesinato, y luego de varias declaraciones ministeriales, esa fue la primera vez que Rodríguez mencionó a Salinas como autor intelectual del crimen.
La parte central de la demanda, la que más páginas abarca y mayor trabajo requirió, busca destruir el testimonio de Rodríguez González. El cálculo es que si el tribunal elimina esta declaración, necesariamente deberá absolver a Salinas.
"Fernando Rodríguez González constituye un ejemplo del testigo falto de probidad, parcial y de oídas... reúne todos los requisitos que justifican esos calificativos", dice Aguilar Zínser.
El punto de partida es el pago de 500 mil dólares que la PGR autorizó para Rodríguez a cambio de su testimonio, único que imputa directamente a Salinas la autoría intelectual del asesinato. Hasta la fecha, no hay ley que permita a la PGR pagarle a testigos que comparecen en un proceso.
Rodríguez también recibió el beneficio de su traslado al Reclusorio Sur, luego de pasar varios meses en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, hoy La Palma; la devolución anticipada de bienes asegurados y la asignación de un defensor por parte de la PGR.
Cuando declaró culpable a Salinas, el juez Ojeda Bohórquez dedicó varios argumentos a justificar el pago a Rodríguez, aunque el tono fue más político que jurídico.
En segunda instancia el magistrado Hernández Franco reconoció que el pago a Rodríguez, cobrado por su hija Gabriela Rodríguez Gastélum, fue ilegal porque el MP no tiene facultades para entregar dinero a cambio de testimonios, pero aún así tomó en cuenta al testigo.
"Al no desechar las declaraciones de Rodríguez, la autoridad establece un grave precedente para el sistema judicial mexicano... con la consecuente aceptación de testigos profesionales faltos de probidad e independencia, por lo mismo deshonestos y no dignos de fe", afirma Aguilar.
Se señala a Rodríguez por haberse ostentado como licenciado y diputado, cuando sólo era secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara y no se tituló de la carrera de Relaciones Internacionales.
También se afirma que Rodríguez mintió a los jueces al decir que no tenía adicciones, pues el estudio de personalidad que le practicaron en Almoloya señaló que...
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