La República de las Letras
| Autor | Humberto Musacchio |
'Loveparade': que sí, que no, que cómo no
La Delegación Cuauhtémoc prohibió la realización del desfile concierto Loveparade. Por supuesto, nadie cree que haya sido por iniciativa de Dolores Padierna o Lenia Batres, quien tuvo que firmar el documento respectivo. Era obvio que la prohibición de un acto legal y pacífico de esa magnitud sólo podía venir de los niveles más altos del Gobierno capitalino, aunque sus funcionarios no hayan querido dar la cara y por, razones oscuras, decidieron echarle el paquete a las autoridades delegacionales. Contra la prohibición se manifestaron Enrique Semo, director general del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, y María Rojo, delegada perredista en Coyoacán, quienes no comparten la idea de que las actividades culturales deban prohibirse. Como subsistiera la cerrazón, los organizadores del gran desfile-fiesta de música tecno se consideraron reprimidos por la autoridad y anunciaron que saldrían a la calle y realizarían lo programado como protesta por la prohibición, lo que automáticamente convirtió en político un acontecimiento musical. En esa condición, se le agotó al Gobierno capitalino el único pretexto que le quedaba -había dicho que las manifestaciones políticas, incluso con machetes, sí estaban permitidas- y tuvo que aceptar la manifestación lúdico-libertaria, que por lo demás contó con 200 policías privados y 300 guardias voluntarios reclutados por los organizadores. La fiesta fue un éxito, asistieron decenas de miles de jóvenes y no pasó nada.
Las razones de la prohibición, aparte
Nadie lo quiso decir públicamente, pero en la prohibición del Loveparade influyó el hecho de que el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México se maneja autónomamente; esto es, no permite la injerencia de las autoridades capitalinas y tampoco rinde cuentas de los dineros que ahí se manejan. Se dirá que son fondos privados y que, por eso mismo, no tienen obligación de hacer públicas sus cuentas; pero lo cierto es que emplean instalaciones que son patrimonio de la ciudad o de la Federación y se benefician con recursos humanos y de otro carácter proporcionados por el Gobierno del Distrito Federal, que además aporta una fuerte suma --este año fue de 25 millones de pesos- que jurídicamente debe comprobar a satisfacción de la Asamblea Legislativa. Independientemente de que sea o no deseable la intervención de las autoridades en el manejo del Festival, lo cierto es que si hay recursos públicos como dinero, personal...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba