Ley de los Casinos: Azares y fracasos
| Autor | Rafael Ruiz Harrell |
Todo está listo otra vez. De nuevo se han corrido los trámites y todo parece a punto. En esta ocasión se cuenta, además, con el aval de 22 foros de consulta y el apoyo de más de 200 diputados, todos "con vocación turística (sic), e interesados en modernizar y diversificar la oferta turística nacional, promover la generación de empleos, el incremento del turismo internacional y la consecuente captación de divisas" (Gaceta Parlamentaria, 22 oct 04). Y aun así es muy poco probable -por fortuna-, que la ley autorizando los casinos llegue a promulgarse este año. No es la primera vez que fracasa: dos legislaturas anteriores lo han intentado y han encontrado escollos insuperables. Según parece, esta vez no conseguirá ser la excepción.
El primer intento
Aunque varias veces llegó a sugerirse la conveniencia de permitir el funcionamiento de casinos en los últimos años de la administración de Carlos Salinas, no fue sino hasta el penúltimo del régimen de Ernesto Zedillo, cuando llegó a contarse con un proyecto de ley en toda forma.
El proyecto respondía, al igual que lo han hecho después los de 2002 y 2004, al declarado interés de los grandes consorcios del juego por extender sus actividades a México (Strow; Wall Street Journal, 15 ago 01). Convencidas de que en ese rubro Estados Unidos ya llegó a su punto de saturación -350 de los 396 grandes casinos que hay en el mundo están en ese país-, MGM Mirage, Park Place Entertainment Corp., y Harrah's Entertainment Inc., las tres mayores empresas de juego, empezaron desde principios de los noventas a buscar otros países a los que extender sus actividades. Las opciones no son muchas. Macao y Taiwán parecen dispuestos a aceptar casinos al estilo de Las Vegas. Corea del Sur a permitirlos sólo para turistas. Brasil y Japón se oponen a legalizar el juego por considerarlo peligroso e incontrolable. En el resto de América Latina ya existen casas de juego que responden al modelo tradicional del casino europeo, así que sólo quedaba nuestro país.
La estrategia quedó determinada en Estados Unidos al mediar los setentas. Por un lado se procuró cambiar la imagen del juego de apuesta para que en vez de un negocio vinculado al crimen organizado, se lo viera como una diversión familiar del todo inocente, incapaz de causar daño alguno, y se lo aceptara como un medio eficaz para alentar el desarrollo y promover el turismo y el empleo (McMillen, 1995). Consecuencia de esta estrategia son los hoteles con facilidades para atender y divertir a los niños mientras los padres apuestan, como el "Circus-Circus" de Las Vegas. Por el otro se contrató a empresas especializadas en cabildeo legislativo y se patrocinó, casi siempre con gran generosidad, las campañas políticas y los proyectos favoritos de los diputados dispuestos a apoyar las reformas legislativas necesarias. Un boletín semanal que publica la Universidad de Harvard informa que de 1992 a 1997, el consorcio del juego donó 100 millones de dólares en contribuciones políticas en Washington D.C., y en 32 estados de la Unión Americana (The Wager, 30 sept 97).
Con estos apoyos y tal vez la promesa de futuros incentivos, el gobierno mexicano decidió promover en 1999 una nueva ley de juegos con apuestas. La que estaba entonces en vigor -y sigue estándolo-...
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