Libra caso de lavado y le roban 19.7 mdp
| Autor | Abel Barajas |
Natalia Nava Guzmán fue investigada como probable implicada en una red de lavado y venta de facturas que inyectó recursos a campañas políticas, entre ellas la de Enrique Peña Nieto, a través de los monederos Monex en 2012.
Aunque oficialmente ganaba 3 mil 900 pesos quincenales, por sus cuentas bancarias circularon más de 431 millones de pesos que entraron y salieron casi en forma inmediata, como parte de una mecánica denominada "fraude carrusel", según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Después de que por falta de elementos se archivó la investigación contra ella y Eduardo Felipe Moisés Salomón, el principal implicado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) levantó el aseguramiento de una cuenta de Nava en Banco Santander con 19 millones 735 mil 717 pesos.
Sin embargo, el 12 de febrero de 2015 la mujer se enteró que ya no tenía un solo peso.
La cuenta 60-53850129-5 había sido vaciada mediante tres retiros de 5 millones 920 mil 715 pesos cada uno y otro de 1 millón 968 mil 557 pesos.
Nava acusó que una mujer de nombre Carolina Pérez López acudió al banco y se ostentó como su apoderada legal, utilizando diversos documentos apócrifos, así como cartas de instrucción, para retirar todo el dinero mediante cuatro cheques de caja.
Éstos fueron girados en favor de las empresas Alkai S.C., Constructor Molotl y Logística y Comercialización Kenell, y de la propia Pérez López.
Al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, Nava acusó también a Roberto Hernández García y Olivia Hidalgo, director y subdirectora jurídicos de Santander, señalando que sin la autorización de ellos no hubiese sido posible retirar los recursos.
La Fiscalía pidió las aprehensiones de los directivos de Santander y de la mujer que supuestamente operó los retiros, pero un juez federal rechazó autorizarlas porque no estaba acreditado el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito que les atribuyeron.
Nava apeló y un magistrado dijo que este asunto ni siquiera era federal y debía resolverlo un juez del fuero común.
Al caer el expediente en manos de la justicia local, las órdenes de aprehensión por el delito de fraude contra los directivos de Santander también fueron negadas en primera y segunda instancia.
La denunciante recurrió al amparo contra esa decisión y recientemente lo perdió en última instancia. Al menos por la vía penal, por ahora no recuperará un solo peso.
CASO EDICOM
El 4 de julio de...
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