'La mano dura no es solución'
| Autor | Ernesto Núñez |
Enrique Peña Nieto dijo estar realmente preocupado por la situación que heredó del gobierno anterior en materia de derechos humanos. Era 17 de febrero de 2014 y, en una reunión con los principales dirigentes de Amnistía Internacional, reconoció que, a poco más de un año de haber asumido la Presidencia, había problemas muy graves en materia de seguridad y mucha gente afectada por la violencia.
En un salón de Los Pinos, el Presidente hablaba frente a Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional; Perseo Quiroz, director de AI en México, y Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas. Los activistas acababan de entregar al Presidente un memorándum titulado "Los retos de México en Materia de Derechos Humanos", en el que instaban al gobierno mexicano a asumir compromisos concretos para erradicar la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias por parte de fuerzas del Estado, la impunidad como norma en todos los crímenes; la discriminación y violencia hacia mujeres, indígenas y migrantes, y los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos.
Peña Nieto se comprometió a estudiar las 33 recomendaciones de Amnistía, y ordenó a su gabinete atender personalmente las inquietudes de esta poderosa ONG internacional.
Lo acompañaban el canciller José Antonio Meade; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el entonces procurador, Jesús Murillo Karam; el subsecretario de la SRE en Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, y la entonces subsecretaria de Segob en Derechos Humanos, Lía Limón.
El encuentro duró dos horas. El Presidente habló de la reforma constitucional en derechos humanos y los ajustes institucionales que se hicieron para ejecutar el nuevo marco jurídico. La reunión fue privada y sobre ella la Presidencia no emitió ningún comunicado, a pesar de que en el evento se tomaron fotografías y video.
Los activistas salieron de Los Pinos relativamente satisfechos. Confiaban, aún, en que Peña Nieto tenía la intención real de modificar la situación heredada del sexenio de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narcotráfico hizo que se desatara una crisis de violencia y de afectaciones a los derechos humanos por todo el país. Le daban al priista el beneficio de la duda.
Esa misma noche tuvieron otra reunión en Segob, sólo con Osorio Chong y Lía Limón, para detallar casos concretos de violaciones graves. Y, al día siguiente, fueron recibidos por Murillo Karam y una decena de colaboradores en la PGR.
"Estábamos aquí a poco más del año de la administración, y considerábamos que las condiciones estaban dadas para que el presidente Peña Nieto retomara la agenda de derechos humanos como el centro de sus políticas económicas y de desarrollo. Fue una señal positiva que nos recibiera", relata Erika Guevara-Rosas.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas explica que Peña Nieto heredó una crisis, pero también las condiciones idóneas para hacer un cambio radical y colocar en el centro de su agenda los derechos humanos: avances legislativos a nivel constitucional que se reconocen en todo el mundo; una Comisión Nacional de Derechos Humanos con recursos financieros e infraestructura que pocas instituciones de su tipo tienen en el continente; convenciones y tratados internacionales suscritos por el país, y leyes promulgadas en materia migratoria y de protección a víctimas y activistas.
Un año y cinco meses después de aquella reunión en Los Pinos, Guevara-Rosas asegura que Amnistía Internacional está profundamente decepcionada.
No sólo quedó en el aire la promesa del Presidente de detener la crisis iniciada en el calderonismo, sino que los abusos se han agravado y, hoy, Peña Nieto está aplicando una política de mano dura quizás peor a la de Calderón.
"Es muy decepcionante que no haya un compromiso...
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