LA MANO VISIBLE / Estado regulador y mejora regulatoria
| Autor | Alejandro Faya |
En términos generales, alrededor del mundo, las últimas décadas han marcado una clara transición de los Estados -en lo que se refiere a su función económica- de "proveedores" a "reguladores". México no fue la excepción. El modelo industrialización por sustitución de importaciones (1940s-1982) estuvo caracterizado, además de la proliferación de barreras al comercio exterior y el control centralizado de la economía, por la propiedad pública de activos y la prestación directa, por parte del Gobierno, de servicios públicos de diversa índole. El viraje hacia un modelo de "crecimiento hacia afuera" requería en efecto eliminar controles intrusivos (de precio, por ejemplo), abrir mercados, detonar inversión privada, liberalizar el comercio y privatizar empresas públicas, entre otras medidas.
Lo anterior no implicaba "achicar" el Estado, sino sustituir los mecanismos de supervisión. Así, por ejemplo, transferir a privados monopolios naturales o servicios públicos necesarios para la colectividad (telecomunicaciones, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, etc), exigía regulaciones e instituciones que garantizaran un suministro en condiciones adecuadas de precio, calidad, continuidad, cobertura y acceso. Esto fue bien entendido por otros países, pero no por nosotros. El error fue no haber acompañado la transformación económica (iniciada en la década de los 80 e intensificada en los 90) de un fortalecimiento institucional creíble. Esto explica en gran dosis los rezagos que arrastramos y el déficit de eficiencia y competencia que caracteriza a múltiples sectores. No podemos tropezar otra vez con la misma piedra a propósito de las reformas estructurales, que apenas están en incipiente fase de implementación (nuestro gran talón de Aquiles). Los cambios constitucionales y legales son el mero inicio: sigue crear capacidades, consolidar instituciones, romper estructuras anquilosadas, erradicar privilegios e inducir el cambio.
El término "desregulación" sigue siendo confuso desde que fue propuesto por el Consenso de Washington, pues parece sugerir que las reglas y actuaciones gubernamentales, como principio general, deben desaparecer. Muy por el contrario, para que una economía de libre mercado produzca resultados sociales óptimos, es fundamental que existan reglas del juego -y autoridades capaces de aplicarlas- que tutelen objetivos públicos fundamentales -como la salud pública o el medio ambiente-, hagan respetar los derechos de propiedad, corrijan fallas...
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