LA MANO VISIBLE / Tabasco y su desaire a la competencia

AutorAlejandro Faya

Toda ley de contratación pública (obras, bienes, arrendamientos o servicios) debe quedar sometida a dos parámetros esenciales. El primero es de racionalidad económica. Para asegurar un mejor uso de recursos públicos y obtener más por menos es necesario, como cuando una persona compra algo con su propio dinero, poner a competir a distintos proveedores o contratistas y elegir entre éstos a quien ofrezca la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad, oportunidad y confiabilidad. De otra manera la consecuencia más previsible es que el Estado termine pagando sobreprecios, haciendo erogaciones por trabajos no realizados, contratando cosas que no necesita y lidiando con atrasos e incumplimientos. La ausencia de métodos competidos también aumenta sensiblemente las probabilidades de que los funcionarios públicos, en contubernio con los agentes privados, incurran en actos de corrupción y se enriquezcan a costa de la sociedad. El otro parámetro es jurídico. La Constitución Política de nuestro País obliga a todos los poderes y órdenes de Gobierno a privilegiar la licitación pública con el fin de garantizar las mejores condiciones de contratación, a utilizar correctamente los recursos públicos y a no restringir el proceso de competencia y libre concurrencia a través del otorgamiento de ventajas exclusivas en perjuicio del público consumidor (artículos 28 y 134 constitucionales).

Es cierto que existen casos donde no es viable licitar, por lo que es necesario recurrir a mecanismos alternos de contratación, como sería el caso de la invitación restringida o la adjudicación directa. Por tratarse de una excepción a la regla debe existir una razón de por medio, por ejemplo, cuando sólo existe un proveedor en el mercado, el monto involucrado es relativamente bajo o existe la necesidad de atender sin demora alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro el orden social, entre otros supuestos válidos. Licitar tampoco es la panacea, hay que decirlo. Desafortunadamente, una práctica relativamente común en México es manipular los requisitos y procedimientos, o el mecanismo de evaluación, con el afán de beneficiar indebidamente a alguna empresa o grupo en particular y excluir a los demás interesados. Desde luego que hay que poner un foco ahí, pero independientemente de ello, el punto de partida para establecer un sistema de contrataciones públicas íntegro, eficaz y eficiente, como lo exige tanto la razón como la Constitución, es...

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