Manuel Ángel Núñez Soto / La necesaria reforma
| Autor | Manuel Ángel Núñez Soto |
Hablar de las reformas del sector energético mexicano, y específicamente de las reformas al sector eléctrico, se ha convertido -desafortunadamente- en un lugar común. Todos y en todo tiempo parecemos obsesionados con la palabra reformar. Se habla de favorecer o de oponerse a la reforma, de estar a favor o en contra de una modificación del marco legal constitucional, pero muy poco se habla ya de los objetivos públicos, económicos y sociales de cualquier decisión.
En este escenario, la postergación recurrente de las reformas, o la ausencia de una decisión final para suspenderlas, las ha convertido ya no en un medio del ejercicio político para generar beneficios sociales, sino en el fin mismo de la contienda política. La indecisión es lo que yace detrás de la falta de consensos para avanzar en los ajustes estructurales que el país requiere. La indecisión y la inmovilidad son lo que hoy erosiona la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en la política misma.
Necesitamos construir un acuerdo sobre el rumbo del sector eléctrico en manos del Estado, porque en realidad no existe en nuestra Constitución una definición clara sobre las obligaciones públicas en esa área estratégica. Quienes hablan de una Constitución que sería violentada por la inversión privada en el sector eléctrico, simplemente intentan explotar una ambigüedad constitucional. Fuera del monopolio estatal en la generación de energía eléctrica y la rectoría del Estado en esa área estratégica del desarrollo, no son claras las obligaciones que el gobierno mexicano tiene con la provisión de energía a la actividad económica.
En el contexto institucional y legal vigente, es obvio que el sector eléctrico no podrá modernizarse ni mejorar la calidad y costos de sus servicios para ser una palanca efectiva del desarrollo de nuestro país, porque en realidad la ley no hace explícita esa exigencia. Entonces, el cambio y la reforma son estrictamente necesarios.
Si el sector eléctrico debe cumplir con su función central como instrumento de desarrollo, como garantía de abasto suficiente de energía para satisfacer las necesidades del país y crear nuevas fuentes de empleo, riqueza y bienestar, entonces es obvio que la urgente reforma debe preservar en cualquier escenario el carácter público de esa rama de actividad.
El sector eléctrico debe reformarse pero no puede privatizarse ni venderse, porque perdería su cualidad esencial como instrumento público para alcanzar los objetivos sociales...
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