Marca impunidad relevo en Oaxaca
| Autor | Iván Rendón |
OAXACA/ Oaxaca
A unas horas de que el Gobernador de Oaxaca, José Murat, entregue el poder en manos del priista Ulises Ruiz, hay por lo menos cuatro asesinatos políticos sin resolver.
Su administración se caracterizó por la falta de transparencia financiera, por autoritaria y represiva, además de aprovechar su posición como Mandatario para atraer votos a favor de su partido, el PRI.
Autodefinido como defensor del federalismo, con apego escrupuloso a la ética y al Estado de derecho, el Mandatario asegura que durante su gobierno combatió la impunidad, realizó más de 200 mil obras públicas y liberó a cerca de 15 mil personas encarceladas.
Murat: el Gobernador que entrega el poder el 1 de diciembre, pero que a decir de Diódoro Carrasco Altamirano, ex Mandatario de la entidad, quiere seguir controlando Oaxaca.
Son las caras de Murat, un Gobernador que inició esté año electoral retando a la oposición y al Gobierno federal, durante la presentación de Ulises Ruiz como aspirante a la gubernatura de la entidad por el PRI.
"Aquí en Oaxaca hemos ganado las batallas municipales, están preocupados, no ganan una en Oaxaca y me acusan ¡torpes, timoratos, pequeños!", dijo.
"El primer domingo de agosto vamos a empezar a ganar, no nada más la elección de Oaxaca, por eso nos tienen miedo, vamos a ganar en el 2006".
Un Gobernador que deja impunes varios asesinatos, entre ellos, el del profesor retirado Serafín García a manos de priistas en Huautla el 27 de julio; y donde sólo ha sido detenido Feliciano Quiroga y Jacinto y Jorge Pineda siguen prófugos.
También deja pendiente de resolver el homicidio de la candidata perredista en San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila, el 27 de septiembre a manos del presidente priista Cándido Palacios.
Quedan impunes los 6 muertos que van en el año en Teojomulco, según protestan las autoridades, y sin respuesta, los incendios de varios puestos de periódico en plena capital del estado.
El Gobernador oaxaqueño deja sin respuesta las ejecuciones del líder loxicha Lino Antonio Almaraz del 30 de septiembre, y del militante perredista Raymundo Enrique Martínez, el 3 de octubre, en plena jornada electoral, y cuyo asesinato fue catalogado sin investigación previa como una riña de borrachos, por parte de la Procuraduría al mando de Rogelio Chagoya.
El pasado 13 de septiembre, el Mandatario, junto con la PGR, realizó un desalojo violento de campesinos del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO) en el Zócalo y Santo Domingo.
Durante el...
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