Un maxiproceso de bajo perfil

REFORMA/Redacción

El "Maxiproceso" contra el Cártel de Juárez fue anunciado en marzo de 1998 como la ofensiva legal más importante en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Dos años después, de los 100 supuestos miembros de la organización de Amado Carrillo Fuentesque fueron acusados, 34 han sido detenidos, de estos 15 han sido exonerados, y a la fecha sigue pendiente la primera sentencia condenatoria.

La libertad de los empresarios Fernando García Zalvidea y Erick e Irving Trigo Segarra es sólo el episodio más reciente en una cadena de absoluciones y juicios cancelados por falta de elementos.

De todos los juicios de alto perfil que la Procuraduría General de la República ha litigado en los últimos años, el "Maxiproceso" es el único donde incluso se han presentado liberaciones debido a la inusual figura jurídica del desvanecimiento de datos.

Manejado básicamente por fiscales adscritos a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, el proceso estuvo originalmente dividido en dos partes:

La primera, consignada en enero de 1998 contra 65 presuntos miembros del cártel, fue producto de investigaciones posteriores a la caída del General Jesús Gutiérrez Rebollo.

La segunda, llevada a juicio en febrero de 1999, se enfocó a las actividades del grupo de Alcides Ramón Magaña, que controlaba el tráfico de cocaína en Quintana Roo, y de la que resultaron 38 acusaciones más, previas a las acciones contra el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid.

El 10 de septiembre pasado, la Jueza federal Olga Sánchez Contreras, una de las más experimentadas entre los jueces penales de distrito en el Primer Circuito, aceptó acumular ambas causas en una sola, al recibir 95 mil fojas del expediente del "caso Cancún".

Cabe mencionar que, técnicamente, todavía no ha habido una sola absolución. Todos los acusados que han librado los cargos, lo han hecho gracias a resoluciones que implican el reconocimiento de que, de entrada, no había elementos siquiera para someterlos a un juicio.

Las imputaciones que hizo la PGR a la mayoría de los inculpados que han obtenido su libertad se basaron en simples referencias o testimonios de oídas. En ningún caso hubo evidencia sólida. La Procuraduría no aportó una sola prueba de su supuesta participación en las actividades del cártel ni como encubridores, ni como lavadores de dinero.

Las declaraciones de los pocos testigos que detallaron la forma de operar de la organización, como Tomás Colsá Mc Gregor y José Jaime...

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