Empresa/ Meollo del asunto
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
Más aún, bajo una interpretación laxa del ordenamiento que vuelve ambigua la frontera entre los conceptos servicio público y servicio particular, se está desarrollando en este momento un proyecto para abastecer del fluido a 43 empresas instaladas en el área metropolitana de Monterrey, con alcance hasta Saltillo, vía una planta de ciclo combinado de 284 megawatts.
Avalada originalmente por Enron de México, filial de la tristemente célebre empresa de Estados Unidos cuya quiebra se ocultó durante más de un año a los inversionistas, la obra la retomó la firma de capital belga Tractebel.
Y si nos vamos más lejos, la perspectiva habla de que en los próximos 10 años la totalidad de la capacidad de generación adicional requerida por el país, concretamente 27 mil 200 megawatts, será construida, operada y financiada por productores externos de capital mayoritario extranjero.
De hecho, hacia el año 2010 del total de 67 mil megawatts que representará el potencial eléctrico del país, el 44 por ciento será de propiedad privada, bajo las modalidades de productor externo, autoabastecimiento y cogeneración.
Ahora que, para completar el cuadro, las únicas apuestas colocadas en la mesa por la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 3 años se han realizado bajo el esquema de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), que implican el financiamiento privado de las obras, cuya inversión se amortiza con los propios flujos generados a su culminación.
¿A qué, pues, la presión para una reforma al sector eléctrico, cuando la mesa está lista para el banquete?
Algunos analistas suponen ingenuamente que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la Controversia Constitucional planteada por el Congreso contra el Presidente Vicente Fox, que anuló el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que multiplicaba la posibilidad de venta de excedentes de las plantas autogeneradoras a la Comisión Federal de Electricidad, a cuya vera se ponía en duda la validez del propio ordenamiento secundario, el reclamo es por certeza jurídica...
Lo cierto es que tras el embate está la intención de instalar un mercado spot de oferta y demanda de energía eléctrica, sin intervención de organismos reguladores para fijar precios justos. El objetivo concreto es coptar el segmento del mercado que representan las 533 empresas gigantes instaladas en México que se constituyen como las más voraces consumidoras del...
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