México sin desigualdad
| Autor | Joel Salas Suárez |
Durante tres años el Centro de Salud de Lázaro Cárdenas en Palenque, Chiapas, no tuvo doctor. Impulsadas por la Red Junco, un grupo de mujeres de su comunidad solicitaron información pública sobre su centro de salud. Al recibirla, descubrieron que existía presupuesto para un médico de tiempo completo, por lo que enviaron una carta a la Secretaría de Salud estatal y lograron que se asignara uno. Rosa, habitante de Lázaro Cárdenas, cuenta que a raíz de este hecho, en su comunidad la gente ya no se queda callada, sus vecinos hacen lo mismo: utilizan el derecho de acceso a la información para exigir la garantía de sus derechos. Las mujeres informadas enteran a sus familias y ahora, algunas por primera vez, participan en la toma de decisiones de sus comunidades.
La historia de Rosa no puede ser un caso aislado, debe ser la norma y el hábito de un México que combate cotidianamente la desigualdad, porque no tenemos opción: los niveles de desigualdad en nuestro país son alarmantes. No hay consenso sobre el coeficiente de Gini para México, pero cada cálculo es más preocupante. Según la Standardised World Income Inequality Database, México tiene un coeficiente de Gini de 0.441, cuando el promedio es de 0.373. Ocupamos el lugar 87 de 113 países. Los World Development Indicators confirman lo anterior: nuestro país obtiene un coeficiente de Gini de 0.483, mientras que el promedio general es de 0.404. Ocupamos el lugar 107 de 132. Alfredo Bustos propone una metodología alterna de acuerdo con la cual nuestro coeficiente de Gini es de 0.803, el doble de los dos cálculos previos. Las diferencias nos obligan a debatir sobre la información necesaria para calcularlo, requerimos de fuentes confiables que nos permitan tener el mejor diagnóstico posible para implementar las políticas públicas y acciones más efectivas para reducir la desigualdad.
Además, debemos identificar, en primer lugar, la información pública necesaria para saber y debatir más ampliamente si las políticas sociales y económicas que se implementan tienen o no consecuencias redistributivas y, a partir de ello, saber qué debemos fortalecer o sustituir. En segundo lugar, también es necesario analizar y debatir qué información se debe acercar a la población y en qué formatos para que ejerza sus derechos sociales o exigir los beneficios de las políticas sociales existentes. Sin embargo, para que estos debates no sean abstractos y que historias como la de Rosa se repitan cada vez más, es necesario...
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