Michoacán: al borde del Estado fallido

AutorErnesto Núñez

Grupos armados extorsionan, secuestran y matan a empresarios y políticos; incendian bodegas, camiones, astilleros, comercios y gasolineras; bloquean carreteras y controlan el acceso a comunidades. Cobran derecho de piso en toda la entidad.

Grupos civiles, presuntamente apoyados por cárteles rivales, se arman para defenderse; toman alcaldías, desarman a las policías municipales, colocan retenes, hacen rondines y se autoproclaman como la autoridad en al menos tres pueblos: La Ruana (municipio de Buenavista Tomatlán), Tepalcatepec y Coalcomán. "Policías comunitarios", se autonombran. Se comunican vía Facebook, convocan con cohetes a miles de personas para llenar una plaza en menos de 15 minutos, piden la comprensión de la ciudadanía y el apoyo de las Fuerzas Federales. Declaran la guerra a los Caballeros Templarios (grupo conocido anteriormente como La Familia Michoacana); se enfrentan con ellos en comunidades y municipios de la Tierra Caliente. Caen muertos de ambos bandos.

Mientras esto ocurre, el gobernador se ausenta por enfermedad. El PRI maniobra para conseguir en el Congreso local una licencia de 90 días que podría ser renovada para evitar la obligación legal de convocar a nuevas elecciones. Y coloca como gobernador interino a Jesús Reyna, secretario general de Gobierno de la administración fallida de Fausto Vallejo.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Elías Álvarez Hernández, renuncia desde febrero, y hasta mayo es nombrado un general brigadier como sustituto. En esos tres meses se multiplican los homicidios, las extorsiones, los secuestros, la aparición de "policías comunitarias" y los enfrentamientos entre civiles.

Los maestros de la CNTE se movilizan contra la reforma educativa y, en su reclamo, toman las calles de Morelia y paralizan escuelas. Los estudiantes normalistas plagian a cinco policías estatales, secuestran 64 vehículos y saquean mercancías para reclamar mil 160 plazas -y otras prebendas- a un gobierno que se declara en quiebra financiera por pasivos que superan los 38 mil millones de pesos. La deuda y las irregularidades heredadas por la anterior administración ahogan a un gobierno que, aun así, consigue la autorización de los diputados locales para solicitar una nueva línea de crédito, por más de 9 mil millones de pesos.

Comerciantes, empresarios y transportistas exigen ser indemnizados por los daños provocados con los bloqueos, y urgen a que se recupere la gobernabilidad.

Los obispos lanzan un desesperado llamado de auxilio: "¡No es posible seguir viviendo así!", dicen en una carta en la que lamentan la sangre derramada, la angustia de las víctimas, las ejecuciones hechas con crueldad y frialdad inhumanas, el dolor, la incertidumbre, el miedo...

Un senador del PAN exige la desaparición de poderes, y horas después el gobierno de Enrique Peña Nieto anuncia que, tras seis meses de administración, ha decidido al fin intervenir en Michoacán.

Nuevamente -como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006- la Secretaría de Gobernación anuncia un despliegue militar para recobrar la paz y tranquilidad en la entidad.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en el sexenio anterior, esta vez el Presidente evita pararse en Michoacán. De hecho, Enrique Peña Nieto no ha vuelto desde que era candidato.

Operativo inútil

El 11 de diciembre de 2006, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció en Los Pinos la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán: el despliegue de más de 5 mil efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la PGR, que pretendía recuperar los territorios en manos del crimen organizado.

"La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo", advirtió el panista.

Seis años después la guerra continúa, sin que se haya recuperado ningún territorio.

De acuerdo con el VI Informe de Gobierno de Calderón, tras seis años de operaciones en Michoacán sólo se detuvo a cinco líderes de La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios: Sergio Carriedo Hernández, El Rayo; Javier Beltrán Arco, El Chivo; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez; Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, y Rafael Cedeño Hernández, El Cede. La lista del VI Informe no reporta la muerte del capo Nazario Moreno, El Chayo, quien fue reportado como "abatido" en diciembre de 2010, tras un largo enfrentamiento en Apatzingán.

De acuerdo con información del gobierno federal, la Operativo Conjunto Michoacán se llevó a cabo en cuatro fases, en las que los soldados abatieron a 197 presuntos criminales en más de 120 enfrentamientos urbanos y rurales. En esas incursiones, el Ejército sufrió 31 bajas, más de un centenar de heridos y cinco desaparecidos. La PF perdió a 40 elementos y la Marina a tres (Reforma, 20 de mayo de 2013).

A la fecha, sin embargo, la Sedena sigue considerando como "focos rojos" los municipios de Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Pátzcuaro, La Piedad, Zamora y Morelia. A los que se suman Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Coalcomán, donde recientemente aparecieron grupos de autodefensa.

Además de inaugurar ahí en Michoacán su "guerra contra el narco", Felipe Calderón utilizó su tierra natal para experimentar otro tipo de estrategia:

Hace exactamente cuatro años (26 de mayo de 2009), Fuerzas Federales llevaron a cabo un operativo sin precedentes mediante el cual se detuvo a 12 presidentes municipales por su presunta vinculación con el narcotráfico. Pero menos de un año después todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas que acreditaran dichos vínculos.

Los municipios involucrados en el Michoacanazo han sido escenario reciente de enfrentamientos y ejecuciones, así como de la aparición de grupos de autodefensa: Apatzingán, Nueva Italia, Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío, Zitácuaro, Nuevo Urecho, Tepalcatepec y Buenavista, los dos últimos con presencia de grupos civiles que tomaron las armas para defenderse de los Caballeros Templarios.

A pesar de que Calderón se obsesionó con la guerra en Michoacán, todos los indicadores señalan que hoy la situación es más grave que en 2006.

Tan sólo en el último año, que además coincide con lo que lleva de gobierno el priista Fausto Vallejo, los delitos se incrementaron considerablemente.

Entre enero de 2012 y abril de este año se registraron 466 denuncias por extorsión, delito que pasó de 14 denuncias mensuales en enero de 2012 a 18 en el pasado abril.

Las denuncias por secuestro suman 193; se pasó de 8 a 18 denuncias mensuales.

Por homicidio doloso se presentaron mil 25 denuncias; pasaron de 55 a 81 cada mes.

Y las denuncias por delitos del fuero común sumaron 44 mil 519; pasaron de 2 mil 660 mensuales a 3 mil 72.

Michoacán se sitúa entre los 10 estados más violentos, según el Ejecutómetro de Reforma. En todo el sexenio de Calderón se registraron mil 712 ejecuciones, de las cuales 267 ocurrieron en 2012. En los seis meses del sexenio de Enrique Peña Nieto...

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