Muestra anomalías venta de Tlayapaca
| Autor | Carolina Pavón |
La expropiación y venta del predio Tlayapaca vuelven a ser punto de conflicto entre sus habitantes, compradores y el Gobierno del Distrito Federal; la disputa por el terreno, que comenzó hace más de tres años, es consecuencia de un proceso irregular.
Informes de auditorías aplicadas a los ejercicios presupuestales de 1998 y 1999, elaborados por la Contaduría Mayor de Hacienda, dan cuenta de las anomalías detectadas durante la revisión de la enajenación y compra-venta de Tlayapaca, mismas que en su mayoría y hasta la fecha no han sido atendidas.
Las irregularidades reveladas por la Contaduría y las justificaciones del Gobierno capitalino han provocado una guerra de cifras.
En los informes de la CMH consta que el predio se vendió en 50 millones de pesos menos de su costo real, 97 millones 958 mil pesos; aunque para Servicios Metropolitanos (Servimet) ése no fue el importe pagado por el comprador, sino 230 millones de pesos.
Algunas de las irregularidades detectadas en las auditorías aplicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda a Servimet exhiben la falta de transparencia en la operación de compra-venta del predio.
El 26 de septiembre de 1997, el Consejo de Administración de Servimet acordó aprobar el esquema para la venta de una superficie de 131 mil metros cuadrados de Tlayapaca, considerando que el contrato se sujetaría a la derogación de un decreto presidencial, respecto de 41 mil metros cuadrados que eran ocupados por un grupo de pepenadores.
Además, el comprador tendría que conocer la situación que prevalecía y aceptar compartir el riesgo por un posible desalojo de los pepenadores.
En atención a este acuerdo, se establece en los informes referidos, que el 24 de diciembre de 1998 se celebró un Contrato de Promesa de Compra Venta de Derechos de Copropiedad entre Servimet y Poniente Santa Fe en el que no se estipularon las condiciones de venta, y la operación se pactó por una superficie de 132 mil 144 metros cuadrados, 1 mil 141 metros cuadrados más de los autorizados por el Consejo de Administración.
La Secretaría de Gobierno capitalina, en ese entonces a cargo de Rosario Robles, retomó la negociación para establecer que los gastos inherentes a la desocupación serían cubiertos por el comprador, mismos que ascendían a 125 millones de pesos, además de los 100 millones de pesos establecidos en el acuerdo anterior.
Según Servimet, Poniente Santa Fe habría pagado 91 millones de pesos por la reubicación de pepenadores que ocupaban el terreno...
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