Peña Nieto: triunfo cuestionado
| Autor | Jésica Zermeño |
La novedad fue la entrega de miles de tarjetas precargadas de Soriana en cinco estados, entre ellos el Estado de México, la entidad con el mayor número de votantes y de pobres de este país, pero la lista de irregularidades en este proceso electoral es larga.
La distribución de despensas tradicionales en por lo menos 21 entidades; la existencia de una estructura de financiamiento paralelo para los promotores del voto a favor del PRI (Monex); la participación de funcionarios estatales y municipales en redes de promoción del voto, principalmente del tricolor, y la entrega de tarjetas en Jalisco, Guanajuato, Morelos y Tabasco con promesas de beneficios a futuro si ese partido ganaba la gubernatura. Esos son algunos de los ingredientes de la elección ganada por Enrique Peña Nieto.
Alianza Cívica, que supervisó en 21 entidades una muestra representativa de 183 casillas, determinó que casi una tercera parte de los votos fueron resultado de la compra y coacción (28.4 por ciento), según declararon los propios votantes, y la mayor parte de esas malas prácticas, más de 70 por ciento, favoreció al PRI, de acuerdo con las mediciones.
Andrés Manuel López Obrador cifró en 5 millones los votos comprados en estos comicios, 2 millones en el Estado de México, Veracruz y Chiapas, según sus cálculos.
El miércoles Martí Batres, coordinador del programa Defiende tu Voto por AMLO, interpuso 441 denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. De ellas, 297 son por compra de votos, 109 por represión para la obtención del voto, 16 por desvío de recursos, 12 por actos de violencia y siete por prácticas fraudulentas tradicionales. La mayoría son por irregularidades cometidas en el Estado de México y Veracruz. Del total de denuncias, 200 son contra el PRI, 17 contra el PAN, 13 contra el Partido Verde y el resto contra autoridades locales y priistas.
En la Unidad de Fiscalización del IFE hay 40 quejas sobre el proceso electoral que todavía no son resueltas. De éstas, 24 fueron interpuestas en contra del PRI o la coalición Compromiso por México.
El jueves, el Movimiento Progresista entregó al IFE un escrito de demanda de juicio de inconformidad que pretende invalidar la elección, argumentando que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña para la contienda, de 328.6 millones de pesos, al destinar más de 4 mil 599 millones para comprar votos.
Además del rebase de topes de gasto y la compra de votos, la izquierda incluyó en su recurso el uso de encuestas con fines propagandísticos y la participación de gobiernos locales en favor del PRI. Busca que los magistrados declaren la invalidez el proceso electoral y no la anulación.
Ricardo Monreal, coordinador de campaña del abanderado de las izquierdas y coordinador del equipo jurídico que presentó el juicio de inconformidad, explica que la impugnación se basa en que no se cumplieron los preceptos que deberían regir los procesos electorales, establecidos en el artículo 41 constitucional (que el voto sea libre y secreto y que haya certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad), por lo que se impugnará la elección distrito por distrito por irregularidades.
Advierte que si no se limpia la contienda de la sospecha en el futuro será imposible para la oposición ganar una elección, pues el dinero que se necesitará para convencer a la población de votar por un partido político sólo podrá ser cubierto por la fuerza política que controle el presupuesto público.
"Quienes quieren ver sólo en el aspecto técnico del conteo la irregularidad no van a encontrarla. Nosotros lo dijimos. El problema no es el conteo sino el compreo... Nos sentimos maniatados, desesperados, frustrados porque a pesar de que tenemos pruebas, cuentas de banco, corridas financieras y demostramos la triangulación de los recursos no se actúa. Fue la elección más sucia de la historia. Felipe Calderón se robó la elección, Peña Nieto intenta comprarla.
"Fue una elección prepagada, y la autoridad no hace nada. Nos quieren mandar a la marginalidad. Nosotros estamos actuando conforme a la ley, y lo único que deseamos es que se limpie la elección. Porque si no se limpia nadie más les va a ganar una elección, no habrá elecciones libres y auténticas. Si hay impunidad van a repetir la dosis en cualquier elección. ¿Cómo los magistrados, la PGR, el IFE pueden hacerse de la vista gorda?", cuestiona.
Las tarjetas
El senador con licencia afirma que, según la información recabada, en este proceso electoral el PRI generó por lo menos 25 tarjetas distintas para convencer a la población de darles su voto, y explica que las pruebas que ellos entregaron de cómo fueron las irregularidades incluyen testimonios ante notario público, videos, grabaciones donde funcionarios estatales piden a sus subordinados ser promotores del voto priista, cuentas de banco e información publicada por los medios de comunicación.
Espera que las pruebas sean suficientes para convencer a los magistrados de que el derroche de recursos públicos manchó la elección de manera determinante.
"Lo que podemos acreditar son la distribución de tarjetas, y gastos visibles, como propaganda y la flota de aviones. Sólo en tarjetas de Monex nosotros calculamos, porque tenemos información, más de 200 millones de pesos. De tarjetas telefónicas que eran precargadas con 50, 100 y 200 pesos, que se dieron en universidades y tecnológicos, fueron cerca de 4 millones de tarjetas que, si calculamos en un promedio de 100 pesos, son cerca de 400 millones de pesos.
"De Soriana, sólo en el Estado de México, se entregaron un millón 800 mil tarjetas, algunas precargadas hasta con mil pesos. Pero también hubo en Monterrey, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, demostrable con contratos de los últimos meses, y entrega de tarjetas los últimos días del proceso, que era prohibido por la ley, en cualquier esquema", sostiene.
Además, explica que la experiencia evidencia cómo se compró el voto principalmente en zonas rurales y colonias urbanas marginales, donde se ubicó el 35 por ciento de las casillas, porque fue ahí donde más "se les pasó la mano" en la compra de votos, pues se generó una participación atípica, muy por encima de los niveles históricos de votación de la zona.
Las entidades donde el Movimiento Progresista detectó más irregularidades son el Estado de México, Yucatán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Campeche, Nayarit, Chiapas y Veracruz.
Entidades en las que López Obrador, durante su campaña, le dijo a la ciudadanía que recibiera todo lo que les ofrecieran y votaran contra el PRI.
"No había otra alternativa", afirma Monreal al cuestionarle ese discurso de su candidato, "veíamos cómo estaba la compra desmedida y si los contenías, de todos modos lo iban a hacer, porque era tal la embestida de los programas y recursos que se dilapidaron. El derroche era tal que fue abrumador".
Monex
Otra modalidad de tarjetas, dirigidas a pagar a promotores del voto tricolor, evidenció una estructura paralela de financiamiento con la que, según el PAN y el PRD, el PRI violaría no sólo el tope de gastos de campaña establecido para el financiamiento privado (33...
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