Objeta SRE exclusión a paisanos

AutorMayolo López y Mariana Alvarado

El Gobierno de México externó ayer su rechazo a la aprobación de la denominada Proposición 200 en el estado de Arizona, Estados Unidos, por considerarla discriminatoria.

La iniciativa "Protect Arizona Now" (Protege Arizona Ahora) fue aprobada en las elecciones presidenciales de EU por un margen de 56 por ciento. Su puesta en marcha implicará la restricción de los servicios en materia de educación y salud, entrar a un parque público o pedir auxilio a la Policía, a cualquier persona que no demuestre la nacionalidad estadounidense con documentos oficiales.

"México expresa su pleno rechazo por constituir una medida que propicia acciones de discriminación con base en un perfil étnico y limita el acceso a servicios fundamentales en materia de educación y salud", indicó la Cancillería en un comunicado.

La dependencia agregó que la ley antimigrante no contribuye de manera alguna a enfrentar integralmente los retos del fenómeno migratorio.

Y aunque no se avizora su instrumentación en el corto plazo, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la aplicación de la Proposición 200 está sujeta a procesos administrativos y judiciales que podrían suspenderla de manera temporal o permanente.

Arizona se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de indocumentados. De acuerdo con cifras de la Border Patrol, uno de cada cinco migrantes que buscan cruzar la frontera lo hacen por esta zona. Al día son detenidos mil 100 indocumentados, y en lo que va del año han muerto 113.

Recientemente, México y Estados Unidos concluyeron un programa piloto de repatriación voluntaria. De los 30 mil 598 mexicanos detenidos de julio a septiembre, 14 mil 58 aceptaron regresar a sus lugares de origen y 16 mil 540 lo rechazaron.

Según el representante republicano Randy Graf, de la Legislatura de Arizona, y uno de los promotores de la Proposición 200, el medio millón de migrantes ilegales estimados en Arizona le cuestan al Estado más de mil millones de dólares al año.

La iniciativa considera forzar a los funcionarios públicos a denunciar a los indocumentados ante las autoridades federales al momento de descubrir que se encuentran en el Estado. De no hacerlo, sería multado 750 dólares y hasta cuatro meses de prisión.

También prohibirá el ingreso a bibliotecas y parques a los indocumentados e, incluso, se les negará servicios como acceso a guarderías infantiles o vacunas para niños.

Desde que fue incluida en la boleta electoral de Arizona, la Secretaría de...

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