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Vincent
AutorJésica Zermeño.

Representantes de la sociedad civil no ven por ningún lado políticas públicas en México para hacerle frente al desplazamiento forzado por violencia, a pesar de ser un fenómeno cada vez más grave. Los activistas denuncian que ni siquiera ha habido un interés en visibilizar el fenómeno. Al contrario, algunas autoridades hasta lo esconden, aseguran.

Suhayla Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria, una organización que generó 100 recomendaciones para reconstituir el tejido social en Ciudad Juárez, señala que ante la desatención gubernamental "las comunidades y las personas ya no esperan nada".

"En este momento es como si el problema no existiera, a pesar de que cada vez nos enteramos de que más gente migra por la violencia hacia donde puede. Eso tiene que cambiar. Lo primero es que las autoridades se hagan cargo de la visibilización del problema. Hay que saber quiénes son esas personas y cómo enfrentaron su realidad.

"El Estado mexicano debe tener una política de reparación del daño, en materia de presupuesto y de acceso a los servicios básicos en las nuevas comunidades, las de destino. También tiene que haber una campaña de sensibilización en las comunidades de origen, de tránsito y de destino para aminorar el shock social que representa este desplazamiento, para no revictimizar, porque esto podría abonar al mismo proceso de violencia. Estamos dormidos en nuestros laureles", asegura.

Para la activista, este fenómeno es una bomba de tiempo, pues los desplazados necesitan nuevos hogares, empleos, servicios públicos, educativos y de salud que las comunidades receptoras no están en posibilidades de ofrecer, algo que ya se ha visto en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

El presidente Felipe Calderón se ha limitado a aceptar y repetir que hay zonas del país en las que quien establece las reglas es el crimen organizado, por eso la ofensiva frontal contra los criminales era necesaria. El gobierno federal presume la recuperación de 3 mil 400 espacios públicos en donde se han rescatado áreas de convivencia.

Este discurso, según especialistas consultados, es visiblemente insuficiente, pues el éxodo es dramático. Todos exigen que se aplique el derecho internacional humanitario a los desplazados, para garantizarles sus derechos.

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