Ofrecen mucho, aprueban poco
| Autor | Enrique I. Gómez |
TOLUCA.- Aunque a raíz de la marcha por la inseguridad los diputados locales se pronunciaron por actuar de inmediato contra el hampa, de las 11 iniciativas que se han presentado sobre esta materia, se han aprobado dos en los dos periodos ordinarios de sesiones, una del PAN y otra del Gobernador Arturo Montiel.
Hasta antes de la movilización del 27 de junio, donde unos 500 mil ciudadanos reclamaron acciones enérgicas contra el crimen organizado, el Congreso mexiquense había recibido siete iniciativas sobre procuración e impartición de justicia.
La primera se aprobó el 24 de junio, cuando se decretó la creación del Instituto de Servicios Periciales, iniciativa presentada por el PAN desde el primer periodo, que lo independiza de la Procuraduría estatal y le autoriza un presupuesto de 97 millones de pesos.
La segunda fue la presentada por el Gobernador Arturo Montiel después de la marcha, que elimina la preliberación de reos que hayan cometido delitos graves, como secuestro, violación y homicidio calificado.
De las seis iniciativas presentadas entre el 13 de mayo y el 24 de junio, dos son del PVEM para dar beneficios de liberación a los sentenciados mayores de 70 años y evitar la corrupción de menores.
Otras dos son del PRI, que pretenden facilitar las sanciones contra taladores de bosques y crear el Instituto de Prevención del Delito, y una más es del PAN, que propone crear la figura del ejecutor de sentencias, quien se encargaría de revisar el cumplimiento de las condenas en los centros penitenciarios.
La sexta es del Gobernador Arturo Montiel, quien propuso sanciones más severas en delitos contra menores y ultrajes a la moral.
Después de la marcha del 27 de junio llegaron a la Cámara cuatro iniciativas, dos del Gobernador Montiel, una del PRI y otra de Acción Nacional.
La del tricolor consiste en la creación del Instituto de Protección y Atención a las Víctimas del Delito y el PAN propuso reformas para regular la ampliación de pruebas en un proceso penal.
Las del Ejecutivo estatal son para impedir la preliberación de sentenciados por los delitos de secuestro, violación, homicidio calificado, y elevar de 40 a 70 años la pena en homicidio calificado y contra familiares, y en secuestro.
Además contempla la posibilidad de sancionar con cárcel de 1 a 8 años de prisión a los negociadores no autorizados en los plagios, y considerar la usurpación de funciones cuando las empresas de seguridad privada no cuenten con autorización respectiva.
Puros...
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