Un ombudsman contra las cuerdas

AutorMartha Martínez

Fotos: Roberto Antillón

En julio de 1995, cinco años después de que ingresó por primera vez a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, entonces primer visitador general, se convirtió en el responsable de la investigación sobre el asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero.

Era el primer gran reto profesional de un abogado que, para ese momento, ya había ocupado cargos administrativos en la UNAM, la CNDH, la PGR y la Secretaría de Gobernación, siempre a lado de Jorge Carpizo.

En agosto de ese mismo año, sólo dos meses después de los hechos, la Comisión dio a conocer los resultados de la investigación y una recomendación, la 104/95, en la que González Pérez y su equipo desmentían, antes de cualquier otra instancia legal, la versión del gobierno de Rubén

Figueroa, que había manipulado la indagatoria para presentar a las víctimas como victimarios. La CNDH determinó que el homicidio de los campesinos fue una "ejecución sumaria".

Con el ambiente enrarecido por el levantamiento zapatista del año anterior y la crisis económica, la reputación adquirida por González Pérez a partir de la recomendación que derivó en la renuncia de Rubén Figueroa, lo llevó a ser designado, por el entonces presidente Ernesto Zedillo, fiscal especial para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Dieciocho años después, el abogado regresa a la CNDH, ahora como su presidente y, al igual que hace casi dos décadas, su primera prueba de fuego es un caso relacionado con Guerrero y la violencia política: la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Producto de la UNAM", como él mismo se define, González Pérez es un servidor público que despierta opiniones encontradas: como primer visitador de la CNDH fue reconocido por la recomendación sobre Aguas Blancas, como fiscal del caso Colosio dejó la duda de si pudo ir más allá en la indagatoria, como director del Programa de Agresión a Periodistas de la Comisión Nacional promovió leyes a favor de la libertad de expresión y como abogado de la máxima casa de estudios fue criticado por los propios académicos, quienes lo acusaron de haber sido omiso ante casos de acoso laboral, despidos injustificados y retención ilegal de salarios.

Un hombre de claroscuros inicia su periodo como ombudsman obligado a levantar la reputación de la CNDH, tras la polémica gestión de Raúl Plascencia Villanueva.

UN OMBUDSMAN INCÓMODO

Son las 9:30 de la mañana del sábado y Luis Raúl González Pérez llega puntual a la entrevista.

Vestido de traje y con el cabello echado hacia atrás a fuerza del gel, entra a la oficina que fue de José Luis Soberanes y que hasta hace poco más de un mes ocupaba Raúl Plascencia; una oficina en la que no pasará mucho tiempo, pues -como ya es casi una costumbre- promete no ser un "ombudsman de escritorio".

El ex abogado general de la UNAM guarda sus lentes en la bolsa de su saco a cuadros, toma una de las tarjetas que sus colaboradores siempre ponen a su alcance y se prepara para hacer anotaciones.

Aún no hay señales de que el ombudsman esté acondicionando su nueva oficina: los libros, los cuadros e incluso los adornos son los que dejó su antecesor. En medio de esta oficina perfectamente ordenada, recuerda que en 1996, cuando fue nombrado fiscal especial del caso Colosio, pensó que ese sería el reto profesional más importante de su carrera. Ahora se retracta, y asegura que ese reto llegó de la mano de su designación como ombudsman nacional.

"Lo reconozco: este es el mayor reto profesional que he tenido, de dimensiones enormes, gigantescas, por la magnitud de la grave crisis que detonó un caso de barbarie (Ayotzinapa)", señala.

Y tiene razón. Los derechos humanos atraviesan por una profunda crisis derivada de la violencia en el país y exacerbada por el asesinato, en junio pasado, de 12 civiles a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición, semanas después, de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

A la situación de los derechos humanos se suma la crisis por la que atraviesa la propia CNDH. En los últimos 10 años ha sido sumamente criticada por las actuaciones y omisiones de sus dos últimos titulares. Por primera vez en su historia, una de sus recomendaciones fue impugnada legalmente por las víctimas -la relacionada al caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando-. Y, desde hace varios años, es notorio el distanciamiento con organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

Alto, delgado y atento, González Pérez desglosa un plan de trabajo que contiene prácticamente las mismas propuestas que presentó durante su comparecencia ante el Senado en 2009, cuando intentó por primera vez presidir la CNDH y fue derrotado por Raúl Plascencia, su ex compañero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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