Oportunidad para transformar

AutorAndro Aguilar

La reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo podría aprovecharse para trasformar la capital del país en términos urbanos y de seguridad humana.

Y la nueva Constitución capitalina deberá ser el marco para ese efecto, señala Enrique Provencio Durazo, coordinador de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática de la Asamblea Constituyente.

La Constitución -explica el especialista en desarrollo urbano- debería conducir a la Ciudad no sólo a la atención prioritaria de las necesidades de vivienda y la reconstrucción de predios dañados, sino a mejorar las construcciones que carecen de seguridad estructural.

Y advierte que la transformación de la Ciudad deberá frenar y revertir la sobreexplotación del acuífero, para reducir los hundimientos y disminuir el riesgo de fracturas en el terreno. Sólo así se hará efectivo el derecho a la Ciudad segura, previsto en la Constitución que entró en vigor en febrero pasado.

El especialista destaca que, a diferencia de lo ocurrido en 1985, cuando la mayoría de las viviendas afectadas eran de interés social, los daños actuales son en construcciones diversas, que implican soluciones distintas.

El académico identifica tres sectores afectados: los pobladores de Xochimilco y Álvaro Obregón; los habitantes de construcciones con décadas de vida, como en zonas de Villa Coapa y Tlalpan, y las personas de colonias identificadas como clase media o media alta, como Roma, Condesa o Del Valle.

Para los casos de viviendas populares, el economista ve como una solución el otorgamiento de créditos blandos a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi), con el uso de recursos del Fondo de Desastres de la Ciudad, que contiene alrededor de 9 mil 500 millones de pesos.

Para la atención de viviendas en zonas de nivel socioeconómico intermedio, Provencio prevé que se inviertan fondos privados y de participación federal.

Con base en la Constitución, explica, la reconstrucción debe tener un enfoque de gestión integral de riesgo, que abarque la prevención y mitigación de daños, así como la obligación de la autoridad de informar a la población sobre los peligros y transparentar instrumentos como el Atlas de Riesgos.

"La Constitución establece la necesidad de crear un órgano público garante para la gestión integral de riesgos. Esto va a exigir reformar la institucionalidad de prevención de desastres. Que no hagamos sólo un simulacro anual, sino una actitud de permanente alerta. Que no se olviden...

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