Organos reguladores: urge un cambio
| Autor | Alejandro Faya Rodríguez |
Reguladores y sus arreglos críticos
Según lo corrobora la evidencia empírica a nivel internacional, áreas como la competencia económica y sectores como el transporte, energía, telecomunicaciones y servicios financieros deben ser regulados por entidades administrativas dotadas de solidez institucional. La idea es que estos fenómenos particularmente complejos y dinámicos sean sometidos a una forma especial y continua de control, bajo una visión de largo plazo, con altos grados de especialización técnica y un mínimo de interferencia política. En primer término, el mandato del regulador debe ser claro y sus atribuciones suficientes. Luego viene la autonomía organizacional, factor definitorio: aunque parte del gobierno el regulador debe mantener una sana distancia. Ello incluye plena autonomía para la toma de decisiones, un régimen adecuado de nombramientos así como autonomía presupuestal, laboral y organizacional. Por otra parte, deben existir mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas que sirvan de contrapeso, obliguen al regulador a privilegiar el interés público y permitan a la sociedad hacer juicios de desempeño. Finalmente, y no menos importante, los reguladores deben contar con recursos humanos y económicos correlativos a sus responsabilidades.
Reguladores en México
La Comisión Federal de Competencia (CFC) tiene potestades de investigación y sanción frágiles. Por ejemplo, contrario a las mejores prácticas internacionales, nuestro sistema legal no admite la práctica de visitas de verificación sorpresa (dawn raids) ni contempla medidas cautelares. Una expectativa o probabilidad baja de procesamiento efectivo, aunada a multas máximas irrisibles (frente a la gigantesca rentabilidad de las prácticas monopólicas), sólo puede tener un resultado: incentivo de los agentes para extraer rentas y mantener las conductas ilícitas. Aunque el tema de sanciones siempre ha ocupado las primeras planas, nada se conseguirá con multas más altas, mucho menos con sanciones penales, sin un reforzamiento previo o simultáneo en la supervisión, investigación y ejecución (lo que incluye capacidades jurídicas, económicas y materiales). El número de investigaciones y multas impuestas por la CFC frente a sus pares en otros países es muy bajo; el porcentaje de multas efectivamente pagadas, del total impuestas, también lo es.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) tiene atribuciones suficientes pero simplemente no las hace valer. La...
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