PLAZA PÃBLICA / Natural, licuado, caro y oscuro
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
En septiembre pasado el gobierno mexicano otorgó al consorcio español Repsol (que controla la empresa Gas Natural, surtidora desde 2005 de ese combustible a seis entidades de la República) un contrato para suministrar gas natural licuado a la zona de Manzanillo, Colima, que provendría de Perú y sería revendido a la Comisión Federal de Electricidad. El 24 de febrero siguiente, Andrés Manuel López Obrador denunció como corrupta esa operación, que sólo esbozó en términos generales. Como ocurrió con los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño como proveedor de Pemex mientras encabezaba la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados (que aparecieron en El Universal, antes de que los estudiaran los legisladores que recibieron esa documentación), la información sobre el contrato a Repsol apareció a detalle en La Jornada el 29 de febrero.
En ella se hizo hincapié en que la licitación había sido avalada por la Fundación Heberto Castillo Martínez, que actuó como testigo social a través del experto David Shields Campbell. Al día siguiente, doña María Teresa Juárez, viuda del recordado político (muerto hará el sábado 11 años) y apoderada de la fundación, mostró su consternación por el papel que había jugado ese organismo civil en ese proceso y deslindó a la fundación del proceder de Shields, que "hizo valoraciones personales contrarias a los principios y objetivos que dieron origen a esta asociación civil" y anunció que la misma no participaría más en licitaciones públicas. El 2 de marzo Shields deploró esa decisión y tomó dolida nota de la desautorización a su trabajo.
López Obrador anunció que el 1o. de abril daría pormenores del negocio que permitiría a Repsol obtener una ganancia de 15 mil millones de dólares en perjuicio de los consumidores mexicanos de energía. Cumplió su palabra, pero la CFE o la Secretaría de la Función Pública se le anticiparon en una maniobra para neutralizar el efecto de sus informaciones. Una de las dos entidades públicas ordenó la inserción en varios diarios, con el nombre y el logotipo de la fundación, del testimonio rendido por Shields más de seis meses atrás.
La Secretaría de la Función Pública estableció la figura del testigo social en diciembre de 2004, con el propósito de hacer partícipe a la sociedad civil de los mecanismos de transparencia buscados en las licitaciones públicas, una de las fuentes de enriquecimiento ilícito más socorridas en el sistema autoritario y corrupto que había padecido México (y que no...
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