Penalización del aborto: Un 'pacto de caballeros'
| Autor | María de la Luz González |
Durante 120 años, el Estado mexicano ha utilizado el aborto para negociar su autonomía frente a la Iglesia católica que, a su vez, ha tratado de limitar el liderazgo del Estado e imponer su propia agenda en las políticas públicas sobre éste y otros temas relacionados con la sexualidad y la reproducción.
Este es el planteamiento de Adriana Ortiz-Ortega, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale, en su libro "¿Si los hombres se embarazaran el aborto sería legal?", próximo a publicarse.
La autora destaca la importancia de avanzar hacia la despenalización total del aborto, propone un giro en el debate sobre el tema, al señalar que lo que realmente debe plantearse no es tanto la inclusión de una u otra causal, sino la plena separación entre moral privada y políticas públicas, dejando el aborto como un asunto de conciencia individual.
En su libro, que evalúa el impacto del movimiento feminista en la relación Estado-Iglesia durante el último siglo y medio, se también remite a la reforma liberal de 1871, de la que surge el Estado mexicano moderno.
Afirma que desde entonces el Estado ha mantenido una posición ambivalente frente a la Iglesia en torno al aborto pues, por un lado, ha aceptado o provocado una liberalización de las leyes que lo penalizan y, por otro, le ha permitido a la Iglesia mantener su influencia en esta temática y otras más generales, relacionadas con la sexualidad y la reproducción.
En esta lógica, sostiene que la reforma de 1867 incluyó la penalización del aborto como una concesión a la Iglesia católica, en un "pacto de caballeros" que permitió al Estado consolidarse y a la Iglesia conservar su influencia en la vida pública mediante el control de la moral privada.
El Código Penal de 1931, que incluyó la violación como causal para abortar, no modificó los términos de ese pacto, asegura la autora, pues las dos décadas siguientes fueron una época de gran conservadurismo, durante la cual trató de imponerse desde los grupos pro vida una concepción abolicionista del aborto, que no triunfó, pero aplazó la discusión social del tema.
Desde los años 70, precisa, existía un claro consenso en favor de la despenalización, que ignoraron los Gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo por el temor a confrontarse con la Iglesia y, aunque la Ley de Población de 1973 favoreció, por primera ocasión, cambios en las políticas públicas sobre reproducción, el Estado mantuvo su postura ambivalente.
"Para evitar el enfrentamiento...
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