Pide PGR frenar apertura

AutorVíctor Fuentes y David Vicenteño

La PGR solicitó a la Suprema Corte de Justicia invalidar una reforma legal que permitió el acceso de cualquier persona a los expedientes judiciales tramitados ante los tribunales locales de Nuevo León.

El Procurador Rafael Macedo de la Concha presentó el 16 de agosto una acción de inconstitucionalidad, en la que pidió a la Corte declarar la invalidez de la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, aprobada por el Congreso estatal el 22 de junio.

Este es el primer estado del País que legisla en favor del acceso de cualquier persona a los expedientes judiciales.

"La reforma viola el artículo 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución", dice la demanda, "en virtud de que al convertir los expedientes en información pública, se pueden generar presiones en los órganos encargados de impartir justicia, lo que podría producir un retraso en la emisión del fallo o que en la resolución exista favoritismo.

"También se considera que la reforma viola el derecho a la privacidad establecido en el artículo 16, párrafo noveno de la Constitución", agrega la PGR, "en virtud de que al pretender que cualquier persona pueda solicitar a los órganos jurisdiccionales información relacionada con los procedimientos que se siguen ante ellos, se autoriza a dichos órganos a vulnerar la intimidad de las partes que participan en el litigio".

La ley aprobada en Nuevo León ordena que "los tribunales administrativos y los tribunales y juzgados del Poder Judicial deberán hacer públicas sus resoluciones e información sobre acciones, diligencias y etapas de los procedimientos en los asuntos sometidos a su competencia".

Como únicas excepciones, fueron señalados los juicios en materia familiar, los casos de delitos sexuales y los que involucren delitos cometidos por menores.

La Procuraduría General de la República señaló en su controversia que al dar a conocer a terceras personas información acerca de la vida privada de los contendientes, se coloca a éstos en una situación de riesgo ante la indebida utilización de la información para fines publicitarios, comerciales, fiscales, policiacos, etcétera.

Es la primera vez que disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información son puestas a consideración de la Corte por medio de un recurso como éste, que sólo pueden promover la PGR y las minorías legislativas.

La demanda fue admitida a trámite por la Ministra Olga Sánchez Cordero, quien dio 15 días hábiles al Congreso de Nuevo León y al...

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