Piden a EU informe de 'Rápido y Furioso'

AutorIsabella González

El Gobierno de México envió ayer una nota diplomática a Estados Unidos donde le pide toda la información de las más de 2 mil armas de alto calibre que entraron al territorio nacional por el operativo "Rápido y Furioso".

En un video difundido en redes sociales, el Canciller Marcelo Ebrard apareció dando lectura al documento y recordó que el objetivo del operativo realizado de 2009 a 2011 por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) era rastrear las armas para obtener inteligencia sobre la compra-venta ilegal en México.

"No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos tanto en México como en Estados Unidos, inclusive en terceros países. Dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo requerido, tan es así que el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo los últimos años", indicó Ebrard.

En el documento también se cuestiona la versión oficial del Gobierno de México en 2009, encabezado por Felipe Calderón, respecto a la operación.

"La identificación de la pertenencia de cada arma al operativo 'Rápido y Furioso' en territorio mexicano sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación, no se podría conocer el origen y destino de las armas", señaló el Canciller.

"A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada".

En la nota, según leyó Ebrard, la entonces PGR aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo.

Sin embargo, aseveró, a través de la Embajada de EU en México, el Gobierno de ese país publicó una declaración del ex Secretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso.

"Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan, por parte de quienes ocupaban los más altos cargos...

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