Plaza Pública / Agresiones legislativas
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Convertidos en turba, los diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asaltaron no sólo la tribuna de San Lázaro -una práctica que miembros de distintas bancadas han adoptado alguna vez en ese recinto- sino que irrumpieron, en una mezcla de fuerza y engaño al salón de plenos del Palacio Legislativo. Erróneamente, torcidamente, enfrentaron de ese modo la acción, errónea y torcida, con que las bancadas del PRI y el PAN pretenden asestar a los habitantes del Distrito Federal (y de otros estados) un golpe de mano que mermará de un día a otro las finanzas públicas en esas entidades.
Después de un proceso ilegal (pues en vez de trabajar unidas como la regulación interna de la Cámara lo imponía, cada una de las comisiones que se ocuparon del dictamen actuaron a solas, y sin discusión), ayer iba a presentarse en primera lectura (es decir, no se discutiría) ese dictamen que con una formulación inocua en apariencia, propone reformar el artículo 122 de la Constitución para que diga que "el Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria". Ese precepto, sin embargo, debe entenderse a la luz de los artículos transitorios.
El primero de ellos dispone, en una fórmula confusísima, que "el DF al igual que las demás entidades federativas deberá contribuir al gasto educativo, junto con la Federación, en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria". El segundo establece el mecanismo de cobro automático que privaría de hasta 9 mil millones de pesos a la ciudad de México: "La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir del primero de enero de este año".
El gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (los tres poderes locales), así como los órganos autónomos (Comisión de derechos humanos, Instituto electoral, Junta de conciliación y arbitraje, Tribunal de lo contencioso administrativo) expresaron en una comunicación pública su preocupación por el impacto que...
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