Plaza Pública / Apuestas
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
El 17 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial el reglamento de la ley federal de juegos y sorteos, que previó su entrada en vigor 20 días hábiles después. Cuando se aproximaba la fecha, 15 de octubre, los diputados priistas Claudia Ruiz Massieu y Héctor Gutiérrez de la Garza consiguieron de la Cámara hace una semana, el jueves 14, la aprobación de un exhorto a la Secretaría de Gobernación para aplazar el momento de la entrada en vigor del reglamento. Era demasiado tarde, la dependencia referida ni siquiera acusó recibo y el instrumento legal está en vigor desde esta semana.
Con su publicación se puso fin a una anomalía deliberada, tendiente a favorecer la discrecionalidad y, dado el terreno de que se ocupa, también la corrupción. La ley federal mencionada fue publicada el 31 de diciembre de 1947, hace más de 56 años, ¡y jamás se había expedido el reglamento respectivo! Sin embargo, el que tiene ya vigencia fue objeto por los legisladores mencionados, a quienes se agregó Arturo Nahle, miembro de la bancada perredista, elegido en el segundo distrito de Zacatecas, para quien el reglamento vulnera de tal modo el principio de legalidad que debería ser combatido mediante una controversia constitucional por la Cámara de Diputados.
Para los diputados Ruiz Massieu y Gutiérrez de la Garza, al reglamento falta el sentido federalista. Lamentan que en ese documento "no se respeta ese principio rector del Estado", por lo que se propusieron "pugnar porque los recursos que provengan de tales actividades (los juegos y sorteos) sean distribuidos en proporciones equitativas entre las haciendas estatal y municipal, privilegiado su destino para la asistencia pública y grupos vulnerables en el caso de premios no reclamados". Consideran conveniente también "establecer de forma conjunta (se entiende que por los varios niveles de gobierno) la operación, control y supervisión de las actividades relacionadas con juegos y sorteos".
Tardía y en consecuencia ineficazmente, los legisladores diagnosticaron "amplias anomalías que no permiten que éste sea un ordenamiento creado con absoluta madurez y responsabilidad política". Esa apreciación apresuradamente redactada y tan general que resulta inocua queda compensada en la exposición de motivos del punto de acuerdo por la afirmación de que "pretender ordenar una ley de diecisiete artículos en un reglamento (de 153 artículos) que en muchos casos va más allá de la misma, daría origen a un ambiente de incertidumbre...
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