Plaza Publica/ Chiapas violento
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Como en sus días iniciales, en los postreros de este sexenio Chiapas vive horas tensas. En diciembre de 1994, a la toma de posesión de Eduardo Robledo, el 8 de ese mes, siguió un despliegue de fuerzas zapatistas fuera de los confines en que había permanecido los 11 meses anteriores. En noviembre de 2000, una aparente acción correctiva, tardíamente concebida y mal practicada, puede hacer estallar nueva violencia en la comarca.
Después de negarla durante mucho tiempo, el gobierno federal admitió la existencia de las bandas paramilitares mil veces denunciadas, y emprendió acción penal en contra de una, Desarrollo, paz y justicia, cuyo dirigente principal estaba tan ligado al régimen priista que fue diputado local en la anterior legislatura. Al grupo dirigente de esa banda se le atribuyeron responsabilidades en el bárbaro ataque al predio Tierra y Libertad, ejido de El Paraíso, municipio de Yajalón: el 3 de agosto, miembros de esa banda, adiestrados, uniformados y con armas de alto poder, desalojaron a indígenas zapatistas e incendiaron sus casas. Tan tarde como el 27 de octubre, 11 líderes de los atacantes fueron aprehendidos en San Cristóbal de las Casas y llevados al penal de Cerro Hueco, donde usualmente han sido recluidos quienes resultan al mismo tiempo víctimas de su persecución y acusados de iniciarla.
Esa operación policiaca, demandada muchas veces por agrupaciones de derechos humanos que atestiguaban con impotencia la acción de las brigadas de asalto paramilitares, puso en alerta a los mandos de estas bandas, verdaderos ejércitos privados, existentes desde varias décadas atrás pero alineados con la estrategia militar de contención al zapatismo desde 1994. Se movilizaron y hasta deslizaron la especie de que intentarían liberar a sus compañeros de Paz y justicia.
Con parsimonia culpable, la Procuraduría General de la República dejó pasar dos semanas entre la primera operación y la segunda, y además filtró las características de esta última, realizada en las primeras horas de anteayer domingo: se trataba de un cateo en busca de armas a 22 domicilios en la comunidad de Miguel Utrilla-Los Chorros y de cumplir una orden de aprehensión contra José Santiz López. Pero las autoridades priistas del municipio de Chenalhó alertaron a los buscados, y los pobladores de aquella comunidad resistieron la acción policiaca. El saldo fue de varios lesionados, la mayor parte de los cuales son agentes policiacos o del Ministerio Público. Uno de éstos perdió...
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