PLAZA PÚBLICA / Consultar, no golpear
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Cada vez con mayor frecuencia los gobiernos municipales encaran la oposición de sectores de la población a obras que las autoridades juzgan indispensables. Hasta hace no mucho tiempo el autoritarismo imperante permitía la adopción de decisiones unilaterales que la sociedad no tenía más que acatar. Eso no es posible en épocas en que la participación ciudadana se abre paso aunque sea en ámbitos restringidos y respecto de situaciones específicas. Ciertamente es difícil satisfacer a todos los ciudadanos, pues lo que para una porción de la sociedad puede ser una obra necesaria, otra la impugna por considerarla innecesaria o perjudicial.
No se trata de un problema insoluble. El mejor modo de emprender un proyecto de obra pública es sometiéndolo a consulta en que participen las personas o grupos directamente afectados y el público en general. Es preciso, además, que los gobiernos municipales expliquen los fundamentos técnicos y financieros de sus proyectos, y los contrasten con el punto de vista enterado de los especialistas respectivos. No proceder de esa manera tensa la relación entre gobernantes y gobernados y lastra la generación de condiciones adecuadas para la convivencia.
En la Ciudad de México se han planteado varios conflictos de esta índole. El más notorio de todos es la Supervía Poniente, un proyecto severamente cuestionado social, técnica y financieramente, que se ha complicado por la renuencia de las autoridades a cumplir las formalidades de ley y, posteriormente, a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente, la obra está suspendida en los tramos en que deben respetarse normas federales que no fueron atendidas de manera pertinente por la empresa que al obtener la ventajosa concesión ha reemplazado al gobierno capitalino, al mismo tiempo que cuenta con él. Un aspecto adyacente en este conflicto ha sido la eventual represión de manifestantes a manos de la fuerza pública.
Mucho peor es la situación que hace ya semana y media priva en Mérida a causa de la oposición de grupos ciudadanos a un paso a desnivel subterráneo en un punto de confluencia de tránsito rodado que genera estrangulamientos, característicos de las ciudades que rinden culto al automóvil. El gobierno priista de la capital yucateca emprendió esa obra, tenida como innecesaria por sus objetores, sin someter su proyecto a la atención y consulta públicas.
El 4 de julio varios centenares de personas opuestas a la realización de...
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